• Por Criterio Público – Investigación y análisis político

    La figura de Carolina Corcho, exministra de Salud del gobierno de Gustavo Petro, ha ganado notoriedad en el debate público colombiano. Su defensa férrea de la reforma a la salud y sus recientes declaraciones han despertado tanto apoyo como rechazo. Sin embargo, su posible candidatura presidencial para 2026 plantea interrogantes serios sobre su idoneidad para liderar el país.

    🩺 Gestión en el Ministerio de Salud: una reforma polémica

    Durante su paso por el Ministerio de Salud, Corcho impulsó una reforma estructural que buscaba transformar el sistema de salud colombiano. Aunque algunos sectores valoraron su intención de garantizar mayor transparencia y cobertura, la propuesta fue criticada por:

    • Falta de consenso político, lo que llevó a la ruptura de la coalición de gobierno en el Congreso A.
    • Acusaciones de improvisación y falta de rigor técnico, especialmente por parte de exministros y expertos en salud pública B.
    • Crisis en la atención médica, con múltiples denuncias de desabastecimiento de medicamentos y colapso en EPS intervenidas C.

    💬 Declaraciones controvertidas y uso político de tragedias

    Uno de los episodios más criticados fue su reacción ante la muerte de Ana María Cuesta, una paciente que no recibió medicamentos a tiempo. Corcho culpó directamente al Senado por el hundimiento de la reforma, lo que fue calificado como cínico y oportunista por figuras como el exministro Fernando Ruiz C. Este tipo de señalamientos ha sido visto como:

    • Una estrategia de polarización, que debilita el diálogo democrático.
    • Una falta de empatía institucional, al utilizar tragedias personales como argumento político.

    🧩 Tensiones internas y fractura en el gabinete

    Corcho también protagonizó enfrentamientos con otros miembros del gabinete, como José Antonio Ocampo y Alejandro Gaviria, lo que contribuyó a la desestabilización del equipo ministerial A. Su estilo confrontativo ha sido interpretado como:

    • Intransigente y poco conciliador, dificultando la construcción de acuerdos.
    • Desgastante para la gobernabilidad, en un país que requiere consensos amplios para avanzar en reformas.

    ⚠️ Riesgos de una candidatura presidencial

    Aunque ha sido recibida con entusiasmo por sectores sindicales y del Pacto Histórico D, su perfil genera preocupación por:

    • Su falta de experiencia en gestión nacional más allá del sector salud.
    • Su tendencia a la confrontación, que podría agravar la polarización política.
    • Su visión estatista, que algunos consideran riesgosa para la estabilidad económica.


    Carolina Corcho representa una visión radical del cambio, pero su historial como ministra, sus declaraciones públicas y su estilo político generan dudas legítimas sobre su capacidad para liderar una nación compleja como Colombia. En tiempos donde se requiere diálogo, institucionalidad y visión de país, su perfil parece más apto para la protesta que para la presidencia.


  • Criterio Público | Investigación Independiente


    Otro ataque a la fuerza pública.

    Santander de Quilichao, Cauca — 11 de julio de 2025. En menos de tres horas, el norte del Cauca fue escenario de dos ataques explosivos atribuidos a la estructura disidente ‘Jaime Martínez’, vinculada al Estado Mayor Central de las antiguas FARC. Los atentados dejaron como saldo la muerte de la patrullera Maryori Ramos, de 22 años, y varios civiles heridos, incluidos menores de edad.

    El primer ataque ocurrió hacia las 10:00 a.m. en la estación de Policía de Santander de Quilichao, donde se utilizaron drones para lanzar explosivos. Aunque no hubo víctimas mortales, el impacto generó daños estructurales y pánico en la zona urbana. Dos horas después, un segundo artefacto explosivo cayó en el parqueadero institucional de la estación El Limonar, cobrando la vida de la joven patrullera Ramos y dejando a otros dos uniformados con heridas por aturdimiento.

    Simultáneamente, en Jamundí (Valle del Cauca), otro ataque con dron dejó cuatro civiles heridos, entre ellos dos niños. Estos hechos se produjeron horas después de un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en Popayán, lo que pone en entredicho la efectividad de las estrategias gubernamentales en la región.

    ¿Un Estado rebasado por las disidencias?

    La escalada violenta en el Cauca y el Valle del Cauca —que ha incluido más de 20 atentados en menos de un mes— refleja una preocupante pérdida de control territorial por parte del Estado. A pesar de los esfuerzos del gobierno Petro por implementar una política de “paz total”, los ataques contra la fuerza pública y la población civil continúan en aumento, evidenciando un desgaste institucional y una falta de respuesta contundente frente a las disidencias armadas.

    La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ha reiterado la necesidad de reforzar la presencia de la Fuerza Pública, señalando que “el apoyo del Gobierno central resulta insuficiente”. Mientras tanto, las comunidades afectadas viven bajo constante zozobra, y los uniformados siguen siendo blanco de emboscadas, francotiradores y atentados con explosivos.


  • Por Criterio Público | Investigación independiente


    El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha sido descrito por sus defensores como una de las más grandes operaciones de desprestigio político en la historia reciente de Colombia. Lo que comenzó en 2012 como una denuncia contra el senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos, terminó convirtiéndose en un juicio contra el propio Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal A.


    🧩 El origen del “efecto boomerang”

    • Uribe denunció a Cepeda por buscar testigos en cárceles para vincularlo con el paramilitarismo.
    • La Corte Suprema archivó la denuncia contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe, alegando que él habría manipulado testigos a través de terceros A.
    • El abogado Diego Cadena, cercano a Uribe, visitó cárceles y ofreció beneficios a exparamilitares para que cambiaran sus versiones B.

    🎥 Las pruebas controvertidas

    • Grabaciones realizadas por el testigo Juan Guillermo Monsalve con un reloj espía fueron presentadas como evidencia clave A.
    • La defensa sostiene que las grabaciones fueron manipuladas y que no prueban soborno alguno C.
    • Se presentaron cartas, interceptaciones telefónicas y testimonios que, según la defensa, carecen de validez jurídica por violar el principio de confidencialidad abogado-cliente A.

    🧠 La tesis del montaje

    • Uribe ha declarado que es víctima de un “entrampamiento judicial”, orquestado por sus opositores políticos C.
    • En sus alegatos finales, afirmó: “Yo no busqué testigos, pedí verificaciones” C.
    • La defensa argumenta que Cadena actuó por cuenta propia, sin instrucciones del expresidente A.

    🗓️ Cronología clave del caso

    Año Evento
    2012 Uribe denuncia a Cepeda por manipulación de testigos
    2018 Corte archiva caso contra Cepeda y abre investigación contra Uribe
    2020 Uribe renuncia al Senado; el caso pasa a la Fiscalía
    2024 Fiscalía presenta acusación formal por fraude procesal y soborno
    2025 Juicio concluye; el fallo se conocerá el 28 de julio A

    ¿Falsos testimonios?

    🔍 ¿Montaje político o justicia en acción?

    El caso ha dividido al país. Mientras sectores uribistas denuncian una persecución judicial, otros sostienen que se trata de un avance histórico en la rendición de cuentas. La jueza Sandra Heredia decidirá si Uribe es culpable o inocente, en un fallo que marcará un precedente para la justicia colombiana A.


    “La verdad no se compra ni se fabrica. Se defiende con pruebas, no con narrativas.”
    — Criterio Público


  • Por Criterio Público | Opinión editorial


    La senadora María Fernanda Cabal se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del espectro político colombiano. Su candidatura presidencial para 2026 no es una sorpresa: es el resultado de una trayectoria marcada por la firmeza ideológica, la confrontación directa con el gobierno de Gustavo Petro y una base ciudadana que la respalda por su discurso sin ambigüedades.


    🧠 Coherencia política y liderazgo opositor

    Desde el Congreso, Cabal ha sido una voz constante en defensa de la institucionalidad, la propiedad privada y las libertades individuales. Su oposición al modelo de gobierno actual ha sido frontal, argumentada y sostenida en principios que ha defendido desde sus primeros años como legisladora.

    • Ha denunciado la erosión institucional promovida por el Ejecutivo.
    • Ha cuestionado la expansión del Estado y el gasto público desbordado.
    • Ha defendido a las Fuerzas Armadas como pilares de la democracia.

    📉 Propuestas con impacto económico

    Entre sus propuestas más destacadas figura la reducción del precio de los combustibles, una medida que busca aliviar la carga fiscal sobre los ciudadanos:

    • Eliminación de impuestos como el IVA, la sobretasa y el impuesto al carbono.
    • Reforma del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
    • Apertura del mercado a la competencia privada.
    • Reasignación del gasto público para compensar el déficit fiscal.

    Esta propuesta ha sido presentada como un compromiso, no una promesa, y refleja su enfoque pragmático frente a los desafíos económicos del país A.


    🛡️ Seguridad y Estado eficiente

    Cabal ha planteado una reducción drástica del tamaño del Estado, argumentando que el gigantismo burocrático afecta la libertad ciudadana y la eficiencia institucional B. Su visión incluye:

    • Reestructuración del aparato estatal.
    • Fortalecimiento de la seguridad nacional.
    • Recuperación de la soberanía frente a grupos armados y mafias transnacionales.
    ¡La Paz no se negocia!

    🤝 Consolidación dentro del Centro Democrático

    Aunque el partido aún no ha definido oficialmente su candidato, Cabal cuenta con amplio respaldo dentro de las bases uribistas y sectores conservadores. Su liderazgo ha sido reconocido como una alternativa sólida frente al desgaste del oficialismo y la fragmentación de la izquierda C D.


    “La diferencia la hace el valor civil, la coherencia del conocimiento de patriota.”
    — María Fernanda Cabal


  • Por Criterio Público | Investigación independiente


    ¿La democracia en peligro?

    A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, el gobierno de Gustavo Petro ha tomado decisiones que, según expertos y líderes políticos, ponen en riesgo la transparencia electoral y la seguridad institucional. Desde la desfinanciación de organismos clave hasta la cancelación de contratos estratégicos, el panorama democrático colombiano enfrenta una alerta temprana.


    💸 1. Cancelación de contratos electorales

    • El gobierno canceló el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que ha manejado la logística electoral en Colombia durante más de una década A.
    • Esta firma fue responsable de los comicios en los que Petro fue elegido alcalde y presidente B.
    • La cancelación también afectó la expedición de pasaportes, generando una crisis diplomática y administrativa que llevó a la renuncia de la canciller Laura Sarabia A.

    🧩 2. Desconfianza sembrada sobre el sistema electoral

    • Petro declaró públicamente: “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, sin presentar pruebas concretas A C.
    • Estas afirmaciones han sido calificadas como “perjudiciales para la democracia” por el Consejo Gremial Nacional A.
    • Líderes como Francisco Barbosa y Daniel Palacios advierten que el presidente podría estar preparando el terreno para desconocer los resultados si no le favorecen C.

    🛡️ 3. Desfinanciación de la seguridad nacional

    Según El Colombiano, el gobierno ha tomado decisiones que afectan directamente la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia D:

    • Suspensión de bombardeos contra grupos armados, lo que ha favorecido su expansión territorial.
    • Reducción del presupuesto de defensa, incluyendo la pérdida del Conpes para renovar aviones de combate.
    • Ruptura con Israel, proveedor clave de tecnología militar, software de defensa y sistemas antiaéreos.
    • Crisis en inteligencia estatal, con más de 300 oficiales retirados y reemplazados por perfiles sin experiencia.
    • Sanción internacional por divulgar información confidencial, lo que dejó a Colombia fuera del Grupo Egmont, debilitando la lucha contra el lavado de activos.

    ⚖️ 4. Riesgo institucional y electoral

    • La Procuraduría abrió investigaciones por presuntas irregularidades en los contratos cancelados.
    • La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral han sido objeto de ataques discursivos por parte del Ejecutivo.
    • La falta de garantías y el debilitamiento de organismos de seguridad generan un ambiente de incertidumbre para los comicios de 2026.

    “La democracia no se construye con desconfianza ni se protege con desarme institucional.”
    — Criterio Público


  • Por Criterio Público | Investigación independiente


    ¿Quiere quedarse el el poder?

    Desde su llegada al poder en 2022, el presidente Gustavo Petro ha protagonizado una serie de decisiones, discursos y confrontaciones que han encendido las alarmas sobre el estado de la democracia colombiana. A través de ataques sistemáticos a las instituciones, propuestas de concentración de poder y cuestionamientos al sistema electoral, su gobierno ha sido señalado por debilitar los pilares democráticos del país.


    🧩 1. Ataques sistemáticos a las instituciones

    • Ha deslegitimado públicamente al Congreso, la Corte Constitucional, la Fiscalía y la Procuraduría, acusándolos de obstaculizar su agenda social.
    • En discursos oficiales, ha sugerido que “el pueblo debe rebelarse” si sus reformas no son aprobadas A.
    • Ha promovido la idea de que las instituciones actuales “no representan al pueblo”, apelando a una narrativa populista que divide entre “élites” y “masa popular” A.

    🧠 2. Propuesta de Asamblea Constituyente

    • Petro ha insistido en convocar una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el orden constitucional.
    • Esta propuesta busca reconfigurar el sistema de contrapesos, lo que podría eliminar límites al poder presidencial A.
    • Analistas advierten que esta iniciativa representa una amenaza directa a la democracia liberal, al concentrar poder en el Ejecutivo.

    🗳️ 3. Cuestionamientos al sistema electoral

    • En julio de 2025, Petro afirmó públicamente: “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”, generando preocupación nacional B.
    • Criticó la adjudicación del contrato electoral a Thomas Greg & Sons, empresa que ha manejado comicios anteriores, incluyendo los que lo llevaron al poder B C.
    • Ha sembrado dudas sobre el software de escrutinio y el kit electoral, sin presentar pruebas concretas C.

    🔥 4. Narrativa de confrontación y polarización

    • Ha utilizado sus redes sociales para atacar a medios, opositores y empresarios, generando un ambiente de hostilidad institucional.
    • Su jefe de despacho, Alfredo Saade, también afirmó que “no hay transparencia para las elecciones del 2026”, reforzando el discurso de desconfianza D.
    • Estas declaraciones han sido calificadas como “una bomba a la constitucionalidad” por líderes como Sergio Fajardo D.

    ⚖️ 5. Riesgo para las elecciones de 2026

    • Al sembrar dudas sobre el sistema electoral, Petro podría estar preparando el terreno para deslegitimar los resultados si su coalición pierde.
    • El Consejo Gremial Nacional advirtió que estas afirmaciones “constituyen un mensaje perjudicial para la democracia” B.
    • La Procuraduría abrió investigaciones por irregularidades en contratos relacionados con el proceso electoral B.

    “La democracia se defiende con instituciones fuertes, no con discursos incendiarios.”
    — Criterio Público


  • Por Criterio Público | Investigación independiente


    ¿Callar una voz?

    El 7 de junio de 2025, Colombia fue sacudida por un atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El ataque, perpetrado en Bogotá por un menor de edad, dejó al político en estado crítico y desató una investigación que apunta a una red criminal con presuntos vínculos con disidencias armadas, estructuras de sicariato y mafias transnacionales.


    🧠 El autor material: un menor reclutado

    El atacante, un adolescente de 14 años, confesó haber recibido instrucciones y dinero de un hombre vinculado al microtráfico en Bogotá. El arma utilizada fue una pistola Glock modificada para disparar en ráfaga. El menor permanece bajo vigilancia médica y judicial, mientras colabora con las autoridades.


    🕸️ La red criminal detrás del ataque

    Cinco personas han sido capturadas por su presunta participación:

    • Alias “El Costeño” (Elder José Arteaga Hernández): señalado como coordinador del ataque, habría recibido hasta $1.000 millones para ejecutar el plan A.
    • Alias “Tianz”: el menor sicario.
    • Alias “Andrea” o “Gabriela”: encargada de ocultar el arma homicida.
    • Alias “El Hermano” y “El Veneco”: logística y transporte.

    La Policía calificó la operación como un “outsourcing criminal”, con roles definidos y pagos por misión B.


    🔥 ¿La Segunda Marquetalia detrás del atentado?

    Según inteligencia militar, el ataque fue coordinado desde Venezuela por alias “Zarco Aldinever”, comandante de la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia A. Este grupo habría contratado a “El Costeño” para ejecutar el atentado, con el objetivo de desestabilizar el panorama político colombiano en plena época electoral.


    ⚖️ ¿Responsabilidad del Estado?

    Durante la audiencia contra alias “El Costeño”, un juez determinó que hubo responsabilidad por omisión por parte del Estado colombiano, al no brindar protección adecuada al senador A

    🧩 ¿Motivación política o crimen transnacional?

    La Fiscalía investiga si el ataque fue financiado por redes criminales con presencia en Colombia y Dubai. El presidente Gustavo Petro ha sugerido que detrás del atentado podría estar una mafia internacional con intereses en desestabilizar la democracia B.


    “Quien atenta contra la democracia, atenta contra todo el Estado colombiano.”
    — Ministro de Defensa

  • Por Criterio Público | Investigación independiente


    ¿Petro entre adicciones y acusaciones?

    En junio de 2025, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una indagación preliminar contra el presidente Gustavo Petro. La denuncia, presentada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, se basa en cartas públicas del excanciller Álvaro Leyva, quien afirma que el mandatario enfrenta un presunto problema de adicción a las drogas que estaría afectando su desempeño institucional A.


    📜 El origen de las acusaciones

    Leyva, quien fue el primer canciller nombrado por Petro en 2022, sostiene que durante una visita oficial a Francia en junio de 2023, el presidente mostró comportamientos erráticos, ausencias prolongadas y confusión en sus intervenciones públicas A. Estas observaciones fueron plasmadas en cartas que, según Ruiz, ameritan verificación por su posible impacto en la moralidad pública y la idoneidad del jefe de Estado B.


    ⚖️ ¿Qué implica la investigación?

    • La Comisión busca determinar si se ha cometido una falta disciplinaria.
    • Se contempla la posibilidad de convocar a médicos especialistas para evaluar la salud física y mental del presidente.
    • De comprobarse una incapacidad permanente, la Constitución permite la destitución presidencial por razones médicas C.

    🔥 Reacciones y contexto político

    Petro ha negado las acusaciones, calificándolas de “calumnias” y asegurando que es “adicto al amor” A. Sin embargo, el caso se suma a una serie de controversias que rodean su gobierno:

    • Captura de su hijo Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito.
    • Reformas estructurales estancadas.
    • Escándalos por presunta financiación irregular de campaña.
    • Denuncias de conspiración internacional para destituirlo D E.

    🧠 ¿Crisis ética o ataque político?

    Mientras sectores oficialistas denuncian una campaña de desprestigio, voces independientes advierten que el país enfrenta una crisis de confianza institucional. La falta de transparencia y el tono confrontacional del presidente han profundizado la polarización.


    “La Presidencia exige claridad, no ambigüedad. Si hay verdad detrás de las acusaciones, el país merece saberlo.”
    — Criterio Público



  • Por Criterio Público | Periodismo independiente.

    A tres años de su mandato, el presidente Gustavo Petro enfrenta una crisis de gobernabilidad marcada por reformas estancadas, escándalos judiciales y una pérdida sostenida de apoyo ciudadano. Lo que comenzó como una promesa de transformación social se ha convertido, según diversos analistas, en un ciclo de frustración institucional.


    ⚖️ Reformas sin rumbo

    • La reforma a la salud fue archivada en el Congreso tras fuertes críticas técnicas y jurídicas.
    • La reforma pensional, devuelta por la Corte Constitucional, enfrenta cuestionamientos por su impacto fiscal y legal A.
    • La reforma laboral, aunque aprobada parcialmente, podría aumentar la informalidad laboral hasta un 60% según Fedesarrollo A.

    🔥 Crisis política y escándalos

    • Más de 50 ministros rotados en menos de tres años, reflejando inestabilidad en el gabinete A.
    • El hijo del presidente, Nicolás Petro, fue capturado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito B.
    • Escándalos como el desvío de recursos de la UNGRD y presunta financiación irregular de campaña han debilitado la credibilidad del gobierno C.

    📊 Desaprobación ciudadana

    • La aprobación presidencial cayó al 31%, con una desaprobación del 58%, según Datexco B.
    • Colombia descendió en el Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose en el puesto 92 de 180 países C.

    🧠 Diagnóstico internacional

    • The Economist calificó a Petro como “el terrible presidente de Colombia”, señalando su estilo confrontacional y el fracaso de sus reformas A.
    • Bloomberg lo definió como un “fracaso de la izquierda radical”, anticipando un giro conservador en las próximas elecciones D.

    “Petro prometió cambio, pero entregó más de lo mismo.” — Corrupción al Día C
    “El presidente izquierdista de Colombia está tambaleando.” — The Economist A.


  • Por criterio público |Investigación independiente.

    ¿Daño al sistema?

    La reforma pensional sancionada por el presidente Gustavo Petro en julio de 2024 ha sido presentada como un avance hacia la equidad social. Sin embargo, su implementación ha generado una ola de incertidumbre entre trabajadores, economistas y juristas. ¿Qué implica realmente esta transformación del sistema pensional colombiano?

    ⚙️ ¿Qué propone la reforma?

    La Ley 2381 de 2024 establece un Sistema de Protección Social Integral que incluye:

    • Un subsidio mensual de $230.000 para adultos mayores sin pensión.
    • Un modelo de pilares: contributivo, semicontributivo, solidario y voluntario.
    • Reducción de semanas cotizadas para mujeres (hasta 850 semanas con hijos)
    • Pensiones anticipadas con penalización del 3% anual.
    • Cotización obligatoria en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos.

    📉 Riesgos económicos y estructurales

    🔥 Déficit fiscal

    El Ministerio de Hacienda estima que el pasivo pensional aumentará de $1.350 billones a $2.029 billones, equivalente al 126% del PIB B.

    🧒 Impacto generacional

    Según el exsenador Jorge Robledo, los jóvenes que hoy cotizan podrían recibir pensiones hasta $1.322.000 más bajas si ganan más de seis salarios mínimos A.

    🏦 Presión sobre Colpensiones

    La reforma podría provocar una estampida de afiliados desde fondos privados hacia Colpensiones, generando sobrecarga operativa E.


    ⚖️ Tensiones jurídicas y políticas

    La Corte Constitucional suspendió temporalmente la entrada en vigor de la reforma por presuntos vicios de trámite F. El texto fue devuelto al Congreso para correcciones, mientras se acumulan más de 50 demandas contra su legalidad E.


    🧠 ¿Equidad o populismo?

    Aunque la reforma busca ampliar la cobertura, expertos como Marc Hofstetter advierten que el sistema es insostenible y podría requerir otra reforma en menos de 12 años C. El enfoque de género y los beneficios para poblaciones vulnerables son avances, pero el costo fiscal y la falta de preparación institucional generan dudas profundas.


    “La pensión no es un regalo: es un derecho que exige responsabilidad técnica y justicia intergeneracional.”
    — Criterio Público