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Investigación política independiente. Una mirada crítica para entender el poder.

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Periodismo independiente para colombianos que cuestionan el poder. Criterio Público investiga, analiza y denuncia sin censura.

  • Consulta popular: el disfraz democrático de un poder que no quiere irse

    Por Redacción Criterio Público

    8 de octubre de 2025

    Gustavo Petro no quiere gobernar cuatro años. Quiere quedarse. Y para lograrlo, ha puesto en marcha una estrategia que combina manipulación emocional, narrativa populista y un mecanismo que ya ha sido usado por otros regímenes tóxicos: la consulta popular como antesala de una Constituyente.

    El presidente ha insistido en que el “bloqueo institucional” le impide avanzar, que el Congreso no lo deja gobernar, y que el pueblo debe decidir si se cambia el modelo. Pero detrás de ese discurso se esconde una intención clara: reconfigurar el Estado para perpetuar su proyecto político. No se trata de una consulta para escuchar al pueblo, sino para blindar el poder.

    La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde la izquierda radical, una vez en el poder, busca quedarse. Petro no es la excepción. Su propuesta de consulta popular no es una herramienta democrática, es un atajo. Un mecanismo para legitimar una Constituyente que le permita modificar la Constitución, debilitar los contrapesos y abrir la puerta a la reelección directa o indirecta.

    Lo más grave es cómo se manipula a la gente. Se les dice que el sistema está roto, que los jueces son enemigos del cambio, que los medios mienten, que el Congreso sabotea. Se construye una narrativa tóxica donde todo lo que no se somete al proyecto de Petro es corrupto, y todo lo que lo apoya es “el pueblo”. Esa polarización no es accidental: es funcional al objetivo de eternizarse en el poder.

    La consulta popular no es una solución. Es una trampa. Una jugada que busca disfrazar la ambición de poder con el ropaje de la participación ciudadana. Y si no se detiene a tiempo, Colombia podría seguir el camino de países donde la democracia fue usada para destruirse desde adentro.

    Petro no quiere gobernar. Quiere quedarse. Y lo está dejando claro.

  • Del orden al caos: cómo el gobierno Petro convirtió la protesta en combustible político

    Por Redacción Criterio Público

    8 de octubre de 2025

    Desde que Gustavo Petro llegó al poder, Colombia ha entrado en una espiral de desorden institucional que se disfraza de participación democrática. Lo que antes eran marchas pacíficas con reclamos ciudadanos legítimos, hoy se han convertido en escenarios de confrontación, vandalismo y permisividad estatal. El gobierno no solo ha tolerado el caos: lo ha financiado, lo ha premiado y lo ha convertido en herramienta política.

    La decisión de respaldar económicamente a la llamada Primera Línea marcó un antes y un después. Petro, que en su momento defendió a estos grupos como “expresiones populares”, hoy les otorga recursos públicos mientras la ciudadanía observa cómo se desmorona el principio de autoridad. Los enfrentamientos con la fuerza pública se han normalizado, los escudos de la policía son ahora blancos de agresión, y los uniformados operan sin respaldo institucional. El mensaje es claro: el Estado ya no protege el orden, lo sabotea.

    En este nuevo escenario, los delincuentes se camuflan entre los manifestantes, sabiendo que el gobierno los ampara bajo el discurso de la protesta legítima. Las calles se han convertido en trincheras ideológicas, donde el caos se celebra y el respeto por la ley se diluye. Petro no ha construido gobernabilidad: ha institucionalizado la confrontación.

    Cada día en Colombia se vive una nueva escena de descontrol. No hay garantías para el ciudadano común, no hay respeto por la autoridad, no hay límites claros entre la protesta y el delito. El gobierno aplaude el incendio mientras la sociedad se consume en él. Y lo más grave: lo hace en nombre de una supuesta transformación que, lejos de construir, destruye.

  • FECODE se levanta: el fracaso del sistema de salud docente que Petro quiere imponer a todos los colombianos

    Por Redacción Criterio público

    3 de octubre de 2025

    La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) ha convocado un paro nacional este 30 de octubre, denunciando el colapso del sistema de salud que el gobierno de Gustavo Petro implementó para el magisterio. Lo que comenzó como un “modelo piloto” prometedor terminó siendo una pesadilla administrativa, médica y humana para miles de profesores en todo el país.

    Un sistema que no cura, sino que enferma

    Desde la entrada en vigor del nuevo modelo el 1 de mayo de 2024, los docentes han enfrentado barreras sistemáticas para acceder a atención médica básica. La Fiduprevisora, encargada de administrar el sistema, ha sido blanco de críticas por su ineficiencia y falta de coordinación entre ministerios. Hospitales denuncian tarifas insostenibles, mientras los maestros reportan citas canceladas, tratamientos interrumpidos y una atención cada vez más precaria A.

    La Secretaría de Educación de Bogotá lo ha dicho sin rodeos: hay un “deterioro sistemático” en la atención de salud para los docentes. Y FECODE, aunque evita confrontar directamente al gobierno, exige acciones urgentes para frenar lo que ya muchos consideran un colapso institucional A.

    ¿Fracaso piloto… o modelo nacional?

    Lo más alarmante no es solo el fracaso del sistema entre los profesores, sino la insistencia del gobierno Petro en extender este mismo modelo a todos los colombianos. La reforma de salud que impulsa el Ejecutivo busca replicar el esquema del FOMAG, ignorando las advertencias, los reclamos y las evidencias del desastre que ya vive el magisterio.

    ¿Cómo puede justificarse imponer a 50 millones de colombianos un sistema que ni siquiera ha funcionado para los 800 mil beneficiarios del sector educativo?

    La izquierda sindical se fractura

    La marcha convocada por FECODE marca un punto de quiebre. Aunque históricamente alineado con sectores progresistas, el sindicato se distancia del gobierno que prometió dignidad y terminó entregando precariedad. La movilización no es solo por la salud de los maestros, sino por el derecho de todos los colombianos a no heredar un modelo fallido.

    ¿Qué exige FECODE?

    • Sesión permanente del Consejo Directivo del FOMAG
    • Unificación de criterios entre ministerios
    • Investigación a entidades médicas que incumplen servicios
    • Revisión urgente del manual tarifario
    • Garantías reales de acceso digno a la salud A

    Para terminar.

    El sistema de salud para los profesores fue un experimento fallido. Y si ya fracasó con quienes educan al país, ¿por qué insistir en imponerlo a quienes lo habitan? La izquierda no puede seguir defendiendo un modelo que vulnera derechos, deteriora vidas y traiciona sus propios principios. La marcha de FECODE no es solo una protesta: es una advertencia.

  • El costo de la permisividad: cómo el gobierno Petro ha normalizado el vandalismo y la destrucción de infraestructura pública

    Por Redacción Criterio Público
    3 de octubre de 2025

    Desde el inicio del mandato de Gustavo Petro, Colombia ha sido testigo de una preocupante escalada de violencia urbana, saqueos y destrucción sistemática de infraestructura pública y privada. Bajo el discurso de la “protesta legítima”, el gobierno ha tolerado —y en algunos casos, legitimado— acciones que sobrepasan los límites del derecho a la manifestación, permitiendo que grupos como la autodenominada Primera Línea operen con impunidad en las calles.

    De la protesta al saqueo: una línea que se ha desdibujado

    Lo que comenzó como una expresión ciudadana frente a decisiones gubernamentales se ha transformado en una dinámica de confrontación permanente. En múltiples ciudades, se han documentado ataques a estaciones de transporte público, destrucción de mobiliario urbano, saqueo de establecimientos comerciales y agresiones a la fuerza pública. Las imágenes de jóvenes encapuchados vandalizando tiendas, incendiando vehículos oficiales y bloqueando vías se han vuelto parte del paisaje cotidiano.

    La Primera Línea, inicialmente presentada como un grupo de defensa civil, ha evolucionado en muchos casos hacia estructuras organizadas con tácticas de confrontación, uso de armas artesanales y coordinación logística. Diversos sectores han calificado sus acciones como actos de terrorismo urbano, mientras el gobierno insiste en mantener canales de diálogo con sus voceros.

    Infraestructura en ruinas: el precio de la omisión

    Las consecuencias materiales son evidentes. Estaciones de TransMilenio destruidas, centros administrativos saqueados, monumentos públicos derribados y redes de servicios básicos interrumpidas. Según cifras de gremios empresariales y alcaldías locales, los daños acumulados superan los cientos de miles de millones de pesos, afectando no solo la economía, sino también la calidad de vida de millones de ciudadanos.

    Lo más alarmante es la falta de respuesta institucional. En lugar de condenar los hechos, el gobierno ha optado por discursos ambiguos que, lejos de frenar la violencia, la normalizan. La ausencia de acciones judiciales contundentes y el retiro de la fuerza pública en zonas críticas han generado un vacío de autoridad que ha sido aprovechado por grupos delincuenciales.

    ¿Gobernar desde la indulgencia?

    El presidente Petro ha reiterado su compromiso con la paz y el diálogo social. Sin embargo, su administración ha sido criticada por confundir tolerancia con permisividad. La narrativa oficial parece justificar el vandalismo como una forma de resistencia, ignorando el impacto que estas acciones tienen sobre la ciudadanía, el comercio y la institucionalidad.

    Mientras tanto, la violencia continúa escalando. Las ciudades se fragmentan entre zonas de control ciudadano y territorios sin ley. La confianza en el Estado se erosiona, y la sensación de impunidad se instala como norma.

  • “700 Mil para el Pueblo, 190 Mil para el Show: La Farsa Educativa de Petro”

    Por Redacción Criterio Público
    2 de octubre de 2025

    Mientras el presidente Gustavo Petro presume la creación de 190.000 cupos universitarios en instituciones públicas, el contraste con su antecesor Iván Duque es abrumador: más de 700.000 estudiantes accedieron a educación superior gratuita bajo el programa Matrícula Cero durante el gobierno anterior. Y sin embargo, la narrativa oficial insiste en celebrar lo mínimo como si fuera histórico.

    Duque: acceso masivo, Petro: expansión limitada

    El gobierno de Iván Duque, sin prometer revoluciones educativas, logró que cientos de miles de jóvenes ingresaran a la universidad sin pagar matrícula. El programa Matrícula Cero, aunque criticado por algunos sectores, benefició directamente a más del triple de estudiantes que los cupos anunciados por Petro.

    Petro, por su parte, ha enfocado su discurso en la “creación de cupos nuevos”, pero expertos como Catherine Juvinao han señalado que no hay evidencia clara de que se trate de expansión estructural, sino de estudiantes que simplemente ingresaron por primera vez. ¿Es eso realmente crear cupos?

    La crítica que se evaporó

    Lo más desconcertante es el cambio de tono en sectores que antes se mostraban implacables con Duque. Hoy, ante cifras inferiores, celebran sin exigir resultados reales. La crítica se ha evaporado. La exigencia se ha diluido. Y el conformismo se ha instalado como política pública.

    ¿Educación o propaganda?

    La diferencia entre acceso y oferta es clave. Duque facilitó el ingreso. Petro promete ampliar el sistema. Pero mientras uno entregó resultados concretos, el otro se aferra a cifras que aún no se traducen en transformación educativa. Y sin embargo, la narrativa oficial se impone, aunque los números digan lo contrario.

  • “Nigeria Arde y la Izquierda Calla: El Genocidio Cristiano que No Conviene Denunciar”

    Por Redacción Criterio Público
    2 de octubre de 2025

    Mientras miles de cristianos son masacrados en Nigeria, el mundo guarda un silencio que ya no puede considerarse ingenuo: es cómplice. Más de 7.000 cristianos asesinados solo en lo que va de 2025, según cifras de organizaciones internacionales y medios como La Gaceta y COPE. Iglesias arrasadas, aldeas incendiadas, mujeres violadas, niños secuestrados. Y sin embargo, ni una sola condena contundente desde los sectores que se autoproclaman defensores de los derechos humanos.

    Un patrón de exterminio sistemático

    La violencia no es nueva, pero ha escalado con precisión quirúrgica. Boko Haram, ISWAP (Estado Islámico en África Occidental) y milicias fulani radicalizadas ejecutan incursiones nocturnas, queman templos, asesinan a fieles mientras duermen y secuestran a cientos. En junio, más de 200 cristianos fueron quemados vivos en Benue. En Navidad, Anwase vio ocho iglesias destruidas y medio centenar de fieles asesinados A B.

    El 69% de todos los cristianos asesinados por motivos religiosos en el mundo este año han muerto en Nigeria A. ¿Dónde están los titulares? ¿Dónde están los hashtags? ¿Dónde está la indignación?

    El silencio selectivo de la izquierda internacional

    Los mismos sectores que politizan cada conflicto en Medio Oriente, que convierten el gas y el petróleo en causas humanitarias, hoy callan ante un genocidio real. No hay comunicados, no hay marchas, no hay pancartas. ¿Por qué? Porque Nigeria no encaja en la narrativa que les conviene. Porque los cristianos perseguidos no son útiles para sus causas ideológicas.

    La izquierda internacional, que se desvive por denunciar la opresión cuando le sirve para atacar a Occidente, ignora deliberadamente la limpieza religiosa en África. Y ese silencio no es neutral: es ideológico, es estratégico, es inmoral.

    Nigeria: petróleo, gas y geopolítica

    Nigeria es la primera potencia económica de África, rica en petróleo y gas, con una población que podría superar los 400 millones en pocas décadas. Su equilibrio religioso —mitad cristianos, mitad musulmanes— la convierte en un epicentro geopolítico. Y en ese tablero, los cristianos son prescindibles. No hay presión diplomática, no hay sanciones, no hay interés.

    ¿Quién hablará por los que no convienen?

    El padre Patrick Anthony, sacerdote nigeriano, lo dijo sin rodeos: “Vivimos un tiempo de sangre. ¿Es un crimen ser cristiano?”. La pregunta no es retórica. Es una denuncia que exige respuesta.

    La comunidad internacional debe dejar de mirar hacia otro lado. Y los sectores que se arrogan la defensa de los oprimidos deben responder por su silencio. Porque cuando el genocidio no se denuncia, se perpetúa.

  • Keiko Fujimori: El Muro que Protege la Fe, la Familia y la Patria

    Por Redacción Criterio Público

    2 de octubre de 2025

    Perú. En medio de una crisis moral, institucional y cultural que sacude los cimientos del país, Keiko Fujimori se alza como la figura que representa la última defensa de los valores que han sostenido a Perú por generaciones: la fe en Dios, la centralidad de la familia y el amor por la patria.

    Mientras otros candidatos se diluyen en discursos ambiguos, Keiko habla claro. Su mensaje no se esconde detrás de eufemismos ni agendas ideológicas importadas. Ella defiende la vida, la autoridad, el orden, y el derecho de los peruanos a vivir bajo los principios que heredaron de sus padres y abuelos.

    Su trayectoria política ha sido marcada por la resistencia. Ha enfrentado persecuciones judiciales, campañas de desprestigio y una presión mediática constante. Pero lejos de ceder, ha fortalecido su liderazgo, convirtiéndose en el muro que muchos consideran necesario para frenar el avance del caos.

    En sus discursos, Keiko no teme invocar a Dios, ni hablar de la familia como núcleo irrenunciable de la sociedad. “No vamos a permitir que destruyan lo que somos”, ha dicho en más de una ocasión. Y ese mensaje resuena con fuerza en los corazones de millones de peruanos que se sienten abandonados por una clase política que ha perdido el rumbo.

    Sectores religiosos, conservadores y ciudadanos comunes ven en ella una esperanza real. No solo por su experiencia, sino por su convicción. Porque Keiko no improvisa: predica con firmeza, actúa con coherencia y representa una visión de país que no se avergüenza de sus raíces.

    Las elecciones de 2026 no serán una simple contienda electoral. Serán una batalla por el alma del Perú. Y en esa batalla, Keiko Fujimori se presenta como el muro que protege lo que aún nos queda: la fe, la familia y la patria.

  • “Petro contra la cruz: el giro islamizante que amenaza la fe mayoritaria en Colombia”

    Por Redacción Criterio Público

    1 de octubre de 2025

    Colombia. En un país donde más del 90% de la población se identifica como cristiana o católica, el gobierno de Gustavo Petro ha encendido una tormenta política y espiritual. La creciente presencia de símbolos islámicos en discursos, actos oficiales y representaciones institucionales ha sido interpretada por líderes religiosos, analistas y ciudadanos como una afrenta directa a las raíces espirituales de Colombia.

    La crítica no es menor. Desde el uso de turbantes en actos públicos hasta la omisión sistemática de referencias cristianas en celebraciones nacionales, el mensaje parece claro: el cristianismo está siendo desplazado del discurso oficial. “Nunca habíamos visto un presidente tan alejado de la fe del pueblo”, afirma un sacerdote de Medellín. “No es diversidad, es desprecio.”

    El silencio del gobierno frente a estas denuncias ha sido ensordecedor. Mientras se promueve una narrativa de inclusión religiosa, la fe mayoritaria es ignorada, invisibilizada y, en algunos casos, ridiculizada. En redes sociales, miles de colombianos han denunciado lo que consideran una “agenda islamizante” disfrazada de multiculturalismo.

    La pregunta que muchos se hacen ya no es si Petro respeta la libertad religiosa, sino si está usando el poder para reconfigurar la identidad espiritual del país. Y en ese proceso, los cristianos y católicos están siendo empujados al margen.

    Colombia no necesita un profeta. Necesita un presidente que represente a su gente, no que imponga símbolos ajenos a su historia.

  • Colombia debe rechazar a Comunes en 2026: el voto no puede premiar el crimen

    Por Redacción Criterio Público

    1 de octubre de 2025

    En 2026, Colombia enfrentará una decisión que va más allá de lo político: es una cuestión de memoria, de dignidad y de justicia. El partido Comunes, heredero directo de las FARC, buscará nuevamente representación en el Congreso. Y lo hará sin haber respondido por los crímenes atroces que marcaron a generaciones enteras.

    Durante más de cinco décadas, las FARC asesinaron, secuestraron, violaron, reclutaron niños, extorsionaron y desplazaron a millones de colombianos. Jóvenes fueron ejecutados en falsos positivos, mujeres violentadas en campamentos, campesinos obligados a abandonar sus tierras. Hoy, muchos de los responsables de esas atrocidades ocupan curules, reciben salario estatal y se presentan como “alternativa democrática”.

    ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde está el mínimo respeto por las víctimas?

    El Acuerdo de Paz les dio voz, pero no les exigió verdad ni castigo. Mientras madres cabeza de hogar pierden subsidios, mientras los hospitales colapsan y las escuelas rurales se caen a pedazos, los victimarios legislan desde el Capitolio. Y ahora, con cinismo, se preparan para pedir el voto en 2026.

    Colombia no puede permitirlo. No se trata de odio, se trata de memoria. De no premiar el crimen con representación. De no convertir el Congreso en refugio de impunidad.

    El voto debe ser castigo, no recompensa. Porque si los verdugos vuelven por las urnas, será porque el país decidió olvidar. Y olvidar, en este caso, es traicionar.

  • Del Subsidio al Soborno: El Gobierno Petro y la Inversión en la Delincuencia

    Por Criterio Público
    1 de octubre de 2025

    En un giro que ha dejado perplejos a millones de colombianos, el gobierno de Gustavo Petro ha desmantelado gran parte de los programas de ayuda social que beneficiaban a las poblaciones más vulnerables, mientras canaliza recursos hacia iniciativas que, según sus críticos, premian la delincuencia. El contraste entre lo que se quitó y lo que se financia hoy genera una pregunta inevitable: ¿a quién sirve realmente el progresismo en el poder?

    Recortes a la esperanza

    Durante 2025, el gobierno eliminó o redujo drásticamente programas como Colombia sin Hambre, Ingreso Solidario, Renta Joven y subsidios de vivienda para familias de bajos recursos A. Estas ayudas, que representaban un alivio mínimo pero vital para millones de ciudadanos, fueron descartadas bajo el argumento de “reorientar el gasto público”.

    Petro defendió esta decisión diciendo que “no me pidieron un miserable sistema de subsidios” B, en referencia a su visión de una educación pública robusta como solución estructural. Sin embargo, mientras las universidades públicas aún enfrentan problemas de cobertura y calidad, el desmonte de ayudas inmediatas ha dejado a miles sin sustento.

    ¿Premiar el crimen?

    En paralelo, el gobierno anunció un polémico programa que ofrece hasta un millón de pesos mensuales a jóvenes en riesgo de delinquir, con el objetivo de “prevenir el crimen” C. Aunque la intención puede parecer noble, el mensaje que transmite es profundamente inquietante: mientras los jóvenes que estudian, trabajan o sirven en el Ejército reciben menos de $580.000 mensuales, quienes han estado cerca del delito son recompensados con el doble por simplemente no delinquir.

    El general (r) Luis Mendieta calificó la medida como “insólita” y “una injusticia total” C. La senadora Liliana Bitar fue más directa: “Esto desincentiva enormemente a quienes sí trabajan duro para ganarse lo del diario” C.

    Cárceles y presupuesto: ¿prioridades invertidas?

    A esto se suma el aumento en el presupuesto destinado a infraestructura penitenciaria, mientras hospitales, vías y escuelas siguen esperando inversión. El gobierno ha priorizado la construcción y mejora de cárceles como parte de su política de “seguridad humana”, pero sin resultados visibles en reducción de violencia o reincidencia.

    ¿Progresismo o regresión?

    La narrativa oficial habla de inclusión, paz y justicia social. Pero en la práctica, el gobierno ha desmantelado redes de apoyo para los pobres, mientras financia incentivos para quienes han estado cerca del crimen. El resultado es una política que parece castigar al ciudadano honesto y premiar al infractor.

    El progresismo que prometía dignidad ha terminado por traicionar a quienes más la necesitan. Y Colombia, una vez más, paga el precio.