Criterio Público.

Criterio Público — Investigación Especial

Influencers, bodegas y doble discurso: ¿una estrategia para manipular?

Durante su gestión como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar promovió la contratación de influenciadores para defender al gobierno Petro y atacar a la oposición. En agosto de 2024, publicó en redes:

“Busco influencers para desmentir las calumnias de la oposición, hacer pedagogía en temas que un sector de la prensa tergiversa…”

Una factura revelada por el concejal Daniel Briceño mostró pagos por 71 millones de pesos a creadores de contenido como parte de esa estrategia A. Sin embargo, en 2025, Bolívar denunció que influencers que antes lo apoyaban ahora lo atacan, acusándolos de estar “pagados por otros candidatos” B. Esta contradicción expone un patrón preocupante: quien antes operó bodegas digitales ahora se presenta como víctima de ellas.

Ética selectiva y oportunismo electoral

Bolívar propuso que todo contenido político pagado lleve el hashtag #PPP (Publicidad Política Pagada) .Aunque la iniciativa busca transparencia, llega justo cuando

pierde el respaldo digital que antes lo favorecía.

“Si algún día le digo a algunos influencers: ‘ayúdenme a promocionar esta campaña y les voy a pagar’, me comprometo a que le pondré ese numeral” C

Pero durante su paso por el DPS, no aplicó ese estándar ético, y ahora reniega de las mismas prácticas que institucionalizó. Esta postura reactiva sugiere una estrategia para reposicionarse como el “candidato limpio”, más que una convicción genuina.

¿Qué implicaría su estilo de liderazgo como presidente?

• Uso de recursos públicos para propaganda personalizada, sin etiquetado transparente A
• Contradicciones éticas: denuncia lo que antes promovió activamente D
• Manipulación del discurso digital: se presenta como víctima mientras oculta su rol como promotor de bodegas E
• Falta de coherencia institucional: propone reglas que él mismo no aplicó cuando tuvo poder F

Estas señales no solo cuestionan su credibilidad, sino que anticipan un estilo de gobierno donde la ética podría ser negociable según conveniencia política.

Gustavo Bolívar se ha posicionado como un reformador ético, pero sus antecedentes revelan una estrategia de comunicación basada en contratos opacos, propaganda encubierta y ataques coordinados. Si como director estatal promovió bodegas digitales, ¿qué garantías ofrece como presidente? En tiempos donde la democracia se juega también en redes, la ética no puede ser un hashtag, sino una práctica constante.

Criterio Público — Investigación Especial

Perfil político: una figura disruptiva en el Congreso

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, se ha consolidado como una de las voces más influyentes y controversiales de la derecha colombiana. Su estilo directo, su defensa de valores conservadores y su capacidad para movilizar sectores inconformes con el gobierno actual la han convertido en una figura clave del debate político nacional.

Desde su elección como representante en 2014 y luego como senadora en 2018 y 2022, ha sido la mujer más votada en listas abiertas del Congreso A. Su trayectoria incluye cargos como directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General, donde fortaleció la cooperación judicial con Estados Unidos A.

Postura democrática: crítica institucional y defensa del equilibrio de poderes

Cabal ha sido una crítica persistente del gobierno de Gustavo Petro, especialmente en temas de justicia y separación de poderes. En julio de 2025, anunció una demanda contra el decreto presidencial 0799, que modificaba la competencia judicial sobre tutelas contra el presidente. Cabal denunció que esta medida “viola la Constitución y representa una amenaza directa al Estado de derecho” .

Su defensa del principio del juez natural y su rechazo a la concentración de poder muestran una postura democrática firme, incluso desde la oposición. Cabal ha sostenido que “el régimen no quiere contrapesos. Quiere impunidad, silencio y obediencia” .

Propuestas innovadoras: seguridad, institucionalidad y modelo penitenciario

En el Foro de Precandidatos del Centro Democrático, Cabal presentó propuestas inspiradas en modelos internacionales como el de Nayib Bukele en El Salvador. Entre ellas:

• Construcción de megacárceles mediante asociaciones público-privadas D
• Reincorporación de policías y militares excluidos por el actual gobierno
• Porte legal de armas como derecho regulado para defensa personal
• Fortalecimiento de frentes locales de seguridad y unidades de reacción inmediata

Estas propuestas, aunque polémicas, responden a una visión de orden institucional y seguridad ciudadana que busca enfrentar el crimen organizado sin negociaciones con actores ilegales.

Narrativa política: firmeza frente a la violencia electoral

Tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, Cabal suspendió temporalmente su campaña como muestra de respeto y solidaridad. En entrevista con La FM, afirmó: “Estamos por la paz democrática, no por la violencia electoral” E. Su rechazo a la polarización y su denuncia de la “inversión revolucionaria” como estrategia de manipulación política refuerzan su compromiso con el debate democrático.

María Fernanda Cabal representa una corriente política que, desde la oposición, busca redefinir el orden institucional con propuestas audaces y una defensa férrea de la democracia representativa. Su estilo confrontativo y su capacidad para generar debate la convierten en una figura que, más allá de las controversias, ha logrado posicionarse como una alternativa política con visión, estructura y estrategia.

Criterio público | opinión pública

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El caso, que comenzó con una confesión explosiva en 2023, ha evolucionado hacia una estrategia de defensa que plantea serias dudas sobre la independencia judicial y el alcance del poder presidencial.

En su confesión inicial, Nicolás admitió haber recibido dinero de origen ilícito, supuestamente destinado a la campaña presidencial de su padre. Entre los aportantes señalados están Samuel Santander Lopesierra (“El Hombre Marlboro”) y Gabriel Hilsaca, ambos con antecedentes judiciales. La Fiscalía obtuvo como prueba clave una copia espejo del celular de su exesposa, Daysuris Vásquez, donde se registraban conversaciones y movimientos financieros comprometedores A B.

Sin embargo, tras una visita privada de Gustavo Petro a su hijo en Barranquilla, Nicolás cambió radicalmente su postura. En enero de 2025, se declaró inocente y denunció presiones indebidas por parte del exfiscal Mario Burgos, a quien acusó de “tortura psicológica” para convertirlo en un arma contra su padre C. Esta retractación coincidió con maniobras legales que incluyeron el retiro de solicitudes judiciales y el cambio de abogado defensor, lo que sugiere una estrategia coordinada para evitar una condena que pudiera salpicar al presidente D.

La Fiscalía, por su parte, ha enfrentado obstáculos en el proceso. Más de 100 pruebas fueron depuradas tras denuncias de ilegibilidad y omisiones por parte de la defensa A. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó una solicitud para acceder a más pruebas, lo que impidió a la defensa ampliar su estrategia argumentativa E. A pesar de ello, Nicolás Petro goza hoy de libertad condicional y reside en una propiedad oficial bajo protección del Cespo, cerca de la fiscal general Luz Adriana Camargo F.

Además, se han documentado reuniones entre abogados de Nicolás y la Fiscalía para negociar una condena mínima, sin delatar a otros implicados y buscando cambiar el delito de lavado de activos por enriquecimiento ilícito como particular C. Esta negociación, según fuentes judiciales, habría sido impulsada por juristas cercanos a la Casa de Nariño.

El presidente Gustavo Petro ha mantenido una postura pública de distancia frente al caso, calificándolo como “truculento” y atribuyéndolo a una traición familiar que se convirtió en un ataque político G. Sin embargo, su visita a Nicolás y el posterior cambio de estrategia judicial alimentan la percepción de una posible interferencia.

El caso Nicolás Petro no solo pone en tela de juicio la transparencia del sistema judicial colombiano, sino que también plantea interrogantes sobre el poder presidencial y su capacidad para influir en procesos penales que involucran a su círculo íntimo. ¿Estamos ante una defensa legítima o una operación de blindaje institucional? La respuesta podría marcar un precedente histórico en la relación entre justicia y poder en Colombia.

Criterio público | análisis político.

La democracia colombiana atraviesa una de sus etapas más frágiles. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, se han intensificado las denuncias sobre presunta compra de votos, uso electoral de subsidios y manipulación institucional. Lo que debería ser un proceso transparente se ha convertido en un terreno minado por el asistencialismo político y la desconfianza ciudadana.

Subsidios como moneda electoral

Durante los últimos meses, el expresidente Álvaro Uribe y otros líderes de oposición han advertido que el gobierno Petro estaría utilizando subsidios estatales como herramienta electoral para las elecciones de 2026 A. Se señala que el Ejecutivo estaría desembolsando ayudas en zonas estratégicas, no como política social estructural, sino como mecanismo para asegurar votos.

Este tipo de prácticas, aunque difíciles de probar judicialmente, generan un patrón preocupante: el Estado como aparato de cooptación electoral, donde el bienestar ciudadano se condiciona al favor político.

La paradoja de la desconfianza

En un giro insólito, el propio presidente Petro ha declarado públicamente que “desconfía de la transparencia de las elecciones de 2026” A B. Esta afirmación, lejos de fortalecer la institucionalidad, socava la credibilidad del sistema electoral que lo llevó al poder. ¿Cómo puede un mandatario que fue elegido por voto popular ahora sembrar dudas sobre el mismo proceso?

La desconfianza presidencial se centra en la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la logística electoral. Petro ha cuestionado sus vínculos con gobiernos anteriores y su rol en procesos pasados, pero no ha presentado pruebas concretas de fraude, lo que convierte su discurso en una estrategia política más que en una denuncia institucional.

El caso UNGRD: sobornos legislativos

A esto se suma el escándalo revelado por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien confesó que el gobierno Petro habría pagado sobornos a congresistas para aprobar sus reformas C. Según Pinilla, se utilizaron recursos públicos —como el contrato de los carrotanques en La Guajira— para entregar hasta 4.000 millones de pesos en efectivo a líderes del Congreso.

Este caso, aún en investigación, refuerza la percepción de que el gobierno ha instrumentalizado el Estado para fines políticos, debilitando la separación de poderes y la ética pública.

Erosión institucional y polarización

La suma de estos elementos —subsidios condicionados, desconfianza presidencial, sobornos legislativos— ha generado un clima de polarización y erosión institucional. La ciudadanía se enfrenta a un escenario donde el voto ya no representa una decisión libre, sino una transacción encubierta.

Además, el discurso oficial que mezcla victimismo con acusaciones sin sustento desactiva el debate democrático y promueve una narrativa

de confrontación permanente.

Conclusión

El gobierno de Gustavo Petro ha convertido el voto en una herramienta de poder, no de participación. La presunta compra de votos, el uso clientelar de subsidios y la desconfianza sembrada desde la propia Presidencia configuran un escenario de alto riesgo democrático. En este contexto, Criterio Público reafirma su compromiso con la verdad, la transparencia y la defensa del voto libre como pilar.

Criterio Público | Análisis político.

En el escenario político colombiano, el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe ha dejado de ser una simple disputa jurídica para convertirse en un símbolo de tensión electoral. Para sectores afines al uribismo, este juicio representa una táctica deliberada de la izquierda —encabezada por figuras como Gustavo Petro e Iván Cepeda— con el objetivo de debilitar o incluso excluir al líder conservador del tablero político antes de las elecciones de 2026.

El caso, centrado en una presunta manipulación de testigos, ha sido cuestionado por juristas, columnistas y líderes del Centro Democrático. Según sus argumentos, la Fiscalía retomó el proceso con un enfoque que responde más a intereses políticos que a fundamentos jurídicos sólidos. En la práctica, afirman, se busca impedir que Uribe asuma algún rol electoral, como la vicepresidencia o una candidatura al Senado.

Activación judicial en tiempos clave

La intensificación del juicio coincide con movimientos preelectorales que colocaban nuevamente a Uribe como figura relevante. Este “timing” no ha pasado desapercibido para sus defensores, quienes lo interpretan como una estrategia para anticiparse a un eventual resurgimiento electoral del exmandatario.

Más de 60 testigos han negado tener vínculos con Uribe o haber recibido presiones, lo que ha puesto en duda la solidez de las pruebas. Por otra parte, la grabación clave del testigo Juan Guillermo Monsalve ha sido señalada por la defensa como editada y manipulada, generando incertidumbre sobre su validez probatoria.

Narrativa política y desprestigio

Desde sectores afines al gobierno, se ha promovido una narrativa que vincula a Uribe con prácticas criminales, el paramilitarismo y el abuso del poder, con el fin de erosionar su imagen pública. La llegada del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, considerado “gestor de paz”, ha sido vista como otro elemento que podría fortalecer este relato en un momento donde el juicio busca consolidarse.

Estas acciones, señalan sus defensores, configuran una campaña de desprestigio cuya meta no es la verdad judicial, sino la eliminación de un competidor político formidable. En otras palabras, la izquierda estaría utilizando mecanismos judiciales para ejecutar una sanción política previa al veredicto de las urnas.

Implicaciones electorales

Inhabilitar a Uribe jurídicamente implicaría desestructurar la oposición, dispersar liderazgos y abrir camino a una reelección indirecta del modelo progresista. En cambio, si el exmandatario es absuelto, su figura podría volver con fuerza renovada y convertirse en el eje aglutinador de una coalición alternativa.

Este proceso, por tanto, debe ser leído no solo como una disputa legal, sino como una confrontación estructural entre dos modelos de país. En el fondo, lo que se juega es el equilibrio de poderes, el papel de la justicia y la legitimidad de los mecanismos democráticos como vía para dirimir los grandes conflictos nacionales.

Criterio público |Investigación y análisis político.

La posibilidad de que Álvaro Uribe Vélez ocupe la vicepresidencia ha reactivado el debate sobre el papel de los liderazgos tradicionales en momentos de crisis institucional. En medio de una percepción de desgaste del modelo petrista, sectores del Centro Democrático y voces afines han planteado que el expresidente podría representar una figura estabilizadora, capaz de reconducir el rumbo político y económico del país.

Durante su mandato entre 2002 y 2010, Uribe implementó la política de seguridad democrática, logró una reducción significativa de los índices de violencia y promovió reformas orientadas al crecimiento económico. Su estilo de gobierno, marcado por la centralización de decisiones y una narrativa de orden, contrasta con el enfoque ideológico y reformista del actual Ejecutivo.

Desde esta perspectiva, su eventual participación como vicepresidente se interpreta como una estrategia para recuperar la gobernabilidad, fortalecer la institucionalidad y reactivar la confianza de sectores empresariales y diplomáticos. La propuesta ha sido respaldada por figuras como Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, quienes consideran que Uribe aún conserva una capacidad de convocatoria que podría cohesionar a la oposición democrática .

Más allá de la viabilidad legal —que enfrenta restricciones constitucionales por haber ejercido la Presidencia— el debate gira en torno a la conveniencia política de su retorno. Para sus defensores, Uribe representa una identidad de marca asociada al desarrollo, la seguridad y la eficiencia administrativa. Para sus críticos, su figura está marcada por controversias éticas, polarización y un modelo de gobernanza que privilegia el control sobre la deliberación democrática .

En este contexto, la propuesta de su vicepresidencia no solo interpela el marco constitucional, sino que revela las tensiones entre el deseo de restauración institucional y los límites de la legalidad. La discusión no debe centrarse únicamente en la persona, sino en el modelo de país que se busca construir frente al agotamiento de las promesas del gobierno actual.

Criterio Público | Investigación y análisis de política pública La promesa de construir 100 nuevas sedes universitarias fue presentada por el …

Las universidades que nunca llegaron: el espejismo educativo del gobierno Petro

Criterio Público | Investigación y análisis de política pública

La promesa de construir 100 nuevas sedes universitarias fue presentada por el presidente Gustavo Petro como una revolución educativa. Bajo el programa “Universidad en tu territorio”, se anunciaron proyectos en regiones históricamente excluidas, con el objetivo de ampliar la cobertura y democratizar el acceso a la educación superior. Sin embargo, a menos de dos años del fin del mandato, la realidad muestra una ejecución fragmentada, presupuestos insuficientes y una planeación cuestionable.

🧾 Avances limitados y cifras en disputa
El Ministerio de Educación reporta 94 intervenciones en marcha y una inversión de $1,4 billones de pesos. De estas, solo 30 sedes estarían listas para entrega en 2026. El resto permanece en fases de diseño, contratación o estructuración, sin garantías de ejecución. En lugares como San Andrés, Catatumbo y La Guajira, los terrenos asignados siguen vacíos o con apenas una valla publicitaria A B.

🧠 Planeación sin estudios técnicos
El Plan Plurianual de Inversiones contemplaba inicialmente 42 proyectos, pero la cifra se elevó a 100 sin estudios que justificaran la demanda regional. No hay claridad sobre la oferta académica, el personal docente ni la sostenibilidad financiera. Expertos como Ricardo Rodríguez advierten que “hacer una universidad requiere al menos cinco años, no solo se trata de construir un edificio” A.

📉 ¿Educación o populismo?
Mientras se anuncian universidades en zonas de difícil acceso, las instituciones existentes enfrentan recortes y deserción estudiantil. El programa prometía 500.000 nuevos cupos, pero solo se han confirmado 65.000 hasta 2023 .El exministro Alejandro Gaviria calificó la Universidad de San Andrés como una “fantasía que solo existe en la imaginación del presidente Petro”.

📅 Escenario final
Con el tiempo en contra, el gobierno podría optar por entregar sedes improvisadas en contenedores, como ocurrió en Tumaco, o dejar los proyectos en fase de contratación para que sean asumidos por futuros gobiernos. La falta de resultados concretos pone en entredicho la credibilidad institucional y la capacidad del Estado para cumplir sus compromisos educativos B C.

Por Criterio Público – Investigación y análisis judicial

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de presunto fraude procesal y soborno a testigos, ha sido uno de los procesos más complejos y mediáticos en la historia judicial de Colombia. A medida que se acerca la fecha del fallo, el próximo 28 de julio, la defensa del exmandatario insiste en que no existen pruebas sólidas que justifiquen una condena, y que varios de los testigos clave han terminado por incriminar al senador Iván Cepeda, quien originalmente fue denunciado por Uribe en 2012.

🧾 Testigos que debilitan la acusación

Durante las más de 60 audiencias del juicio, varios testigos presentados por la Fiscalía han mostrado inconsistencias, contradicciones o han sido objeto de investigaciones por falso testimonio. Entre los casos más relevantes:

• Juan Guillermo Monsalve, testigo principal, grabó en secreto al abogado Diego Cadena, pero su testimonio ha sido cuestionado por su historial delictivo y por haber seguido en contacto con Cadena incluso después de denunciarlo A.
• Carlos Enrique Vélez, exparamilitar, admitió haber recibido dinero de Cadena, pero lo calificó como ayuda humanitaria. No vinculó directamente a Uribe con ofrecimientos ilegales B.
• Mario Humberto Jiménez, expolicía, afirmó que Cepeda ofrecía dinero por testimonios contra Uribe, pero enfrenta una investigación por falso testimonio C.
• Alias “El Tuso” Sierra, desde EE.UU., declaró que Cepeda y Piedad Córdoba le ofrecieron asilo en Europa a cambio de incriminar a Uribe C.

Estos testimonios han sido utilizados por la defensa para argumentar que el proceso judicial ha sido manipulado desde su origen y que el verdadero entramado de falsos testimonios apunta hacia Cepeda.

🧠 Argumentos de la defensa

El equipo jurídico de Uribe, liderado por Jaime Granados y Jaime Lombana, sostiene que:

• No hay pruebas directas que vinculen al expresidente con ofrecimientos ilegales.
• Cadena actuó por cuenta propia, y en algunos casos fue engañado por los testigos.
• La Fiscalía ha cambiado de postura, pasando de solicitar la preclusión a pedir condena, lo que evidencia falta de coherencia procesal D.
• Interceptaciones telefónicas fueron obtenidas por error, sin orden judicial, y no deberían ser válidas como prueba E.

Además, se ha señalado que el proceso ha estado marcado por presiones políticas, especialmente desde sectores afines al gobierno actual, lo que ha generado dudas sobre la imparcialidad institucional.

🧩 El papel de Iván Cepeda

La defensa ha solicitado que se investigue al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos, señalando que:

• Visitó cárceles ofreciendo beneficios judiciales, según varios exparamilitares C.
• Realizó gestos numéricos durante audiencias, presuntamente para influir en declaraciones de testigos F.
• Su esposa trabajó con un magistrado del caso, lo que ha sido interpretado como posible conflicto de interés F.

Estos elementos han sido presentados como evidencia de que el proceso contra Uribe podría haber sido inducido por intereses políticos y personales.

📅 Escenario judicial

La jueza Sandra Liliana Heredia deberá emitir el sentido del fallo el 28 de julio. Según expertos, existen tres posibles escenarios:

• Absolución total, si se considera que no hay pruebas suficientes.
• Fallo mixto, si se encuentra responsabilidad parcial en alguno de los delitos.
• Condena, si se acredita participación directa en la manipulación de testigos.

En caso de condena, la defensa podrá apelar y solicitar revisión ante el Tribunal Superior de Bogotá y eventualmente ante la Corte Suprema G H.