Criterio Público.

Por Criterio Público

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, se presenta como el rostro del “reseteo” nacional. Pero detrás de su discurso disruptivo se esconde una gestión marcada por escándalos, contratos opacos y una relación tóxica con la institucionalidad. ¿Cómo pasó de ser el alcalde más joven de Medellín a convertirse en uno de los políticos más cuestionados del país?

El saqueo de la caja menor

La Procuraduría investiga a Quintero por el uso indebido de los Fondos Fijos Reembolsables de la Alcaldía, una especie de “caja menor” destinada a gastos urgentes. Entre 2020 y 2023, se registraron compras en restaurantes de lujo, cigarrerías, supermercados y floristerías, muchas de ellas sin justificación legal A.

Los gastos superaban incluso el salario del alcalde, y se sospecha que se usaron para fines personales. ¿Gobierno popular o administración de bolsillo?

El escándalo de Aguas Vivas

Quintero enfrenta cargos por interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, relacionados con la modificación del uso del suelo en el lote Aguas Vivas B. La Fiscalía sostiene que se favoreció a terceros con una compensación urbanística de 44.000 millones de pesos, violando normas de planeación.

Este caso revela un patrón de gestión orientado al beneficio privado, disfrazado de desarrollo urbano.

El cártel de contratación

Durante su mandato, la veeduría Todos por Medellín denunció un presunto cártel de contratación por más de 120 mil millones de pesos, adjudicados a empresas sin experiencia o con vínculos políticos C. La opacidad en los procesos y la concentración de poder en su círculo cercano fueron constantes.

Incluso su exsecretaria de Educación fue cobijada con casa por cárcel por corrupción en el programa de alimentación escolar.

Suspensión por participación política

En 2022, la Procuraduría suspendió a Quintero por tres meses tras un video donde decía “el cambio en primera”, en clara alusión a la campaña de Gustavo Petro C. La sanción evidenció su uso del cargo para fines electorales, violando la neutralidad institucional.

El estilo confrontacional

Quintero ha convertido las redes sociales en su principal tribuna. Recientemente, llamó “muñeca de la mafia” a la periodista Vicky Dávila y acusó a los medios de perseguirlo D. Su narrativa victimista y agresiva busca deslegitimar cualquier crítica, mientras se posiciona como el “outsider” que enfrentará a la élite.

Pero, ¿puede alguien que gobernó con opacidad y desdén por la institucionalidad ser el líder que Colombia necesita?

¿Presidenciable o populista?

Quintero dice que lo quieren sacar de la carrera presidencial con “denuncias pendejas” D E. Pero los hechos hablan por sí solos: una gestión marcada por el derroche, el clientelismo y el desprecio por la legalidad.

Su aspiración a la presidencia no es solo una ambición personal, sino una amenaza para quienes creen en la transparencia, el debate serio y el respeto por las instituciones.

Por Criterio Público

Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño con la promesa de erradicar la corrupción y transformar el Estado. Dos años después, su administración enfrenta una serie de escándalos que no solo contradicen esa narrativa, sino que han puesto en entredicho la credibilidad del primer gobierno de izquierda en Colombia.

1. El caso Nicolás Petro: corrupción en casa

El hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, fue capturado en julio de 2023 por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según su exesposa, recibió dinero de personajes vinculados al narcotráfico —como “El Hombre Marlboro” y “El Turco Hilsaca”— para financiar la campaña presidencial. Parte de esos fondos, según la Fiscalía, fueron usados para gastos personales A B.

Aunque Gustavo Petro pidió públicamente que se investigara a su hijo, el escándalo dejó una mancha indeleble: ¿puede un presidente que no controla su círculo íntimo garantizar transparencia en su gobierno?

2. Laura Sarabia y el polígrafo a la niñera

La entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, fue protagonista de un episodio digno de una novela de espionaje. Tras la pérdida de dinero en su residencia, su niñera fue sometida a un interrogatorio con polígrafo en instalaciones oficiales y posteriormente interceptada ilegalmente, haciéndola pasar por miembro del Clan del Golfo B C.

El uso indebido de recursos estatales para asuntos personales expuso una preocupante confusión entre lo público y lo privado en el círculo presidencial.

3. UNGRD: contratos amañados y sobornos legislativos

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se convirtió en el epicentro de uno de los mayores escándalos del gobierno. Según testimonios de exfuncionarios, se habrían direccionado contratos y desviado recursos destinados a atender emergencias para sobornar congresistas y facilitar la aprobación de reformas.

Los implicados incluyen altos funcionarios como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y congresistas como Iván Name y Andrés Calle. La Fiscalía investiga si parte del dinero fue entregado al ELN como parte de negociaciones de paz D.

4. Campaña financiada con dinero sucio

Los llamados “Petrovideos” revelaron estrategias de campaña que incluían ataques a opositores y financiación irregular. Audios filtrados de Armando Benedetti, exembajador en Venezuela, sugieren que se movieron 15.000 millones de pesos sin ser reportados oficialmente.

Además, se descubrió que narcotraficantes como Juan Carlos López (“Sobrino”) y su esposa Sandra Navarro aportaron vehículos y logística a la campaña en Casanare B. ¿Dónde quedó la ética del “cambio”?

5. Plumones de lujo y derroche presidencial

Mientras se hablaba de austeridad, el Departamento Administrativo de la Presidencia gastó más de 170 millones de pesos en electrodomésticos y artículos de lujo para residencias oficiales, incluyendo plumones de ganso y televisores de 85 pulgadas E. Un contraste doloroso frente a las promesas de un gobierno austero y popular.

¿Cambio o continuidad?

Petro ha insistido en que estos escándalos son parte de una estrategia para desestabilizar su gobierno. Pero los hechos, las grabaciones y las investigaciones judiciales apuntan a una estructura de poder que repite los vicios del pasado.

La izquierda llegó al poder prometiendo una transformación ética. Hoy, esa promesa parece desvanecerse entre maletines, contratos amañados y silencios incómodos.

Por Redacción de Criterio Público

El 15 de julio de 2025, durante una transmisión oficial y posterior consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro pronunció una frase que desató una tormenta política y social: “A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno” A B. La declaración, dirigida al ministro de Igualdad Carlos Rosero, generó indignación por su tono racialmente insensible, especialmente viniendo de un mandatario que ha defendido públicamente la lucha contra el racismo y ha calificado la noción de “raza” como fascista.

¿Contradicción o cinismo político? Petro ha sido enfático en foros internacionales al denunciar el racismo estructural y la discriminación histórica contra comunidades afrodescendientes. Sin embargo, su frase del 15 de julio no solo contradice ese discurso, sino que lo deslegitima. Utilizar la condición racial como argumento para desautorizar a un funcionario es, en sí mismo, una forma de discriminación.

Reacciones inmediatas

• NTN24 calificó la intervención como una muestra de “grietas internas y tensiones raciales” dentro del gobierno A.
• Info NCN señaló que el uso de la raza como herramienta de poder contradice los principios de inclusión que el Ejecutivo dice defender B.
• Líderes afrocolombianos y periodistas como Yesid Francisco Perea Mosquera denunciaron la frase como una traición a los votantes negros que apoyaron a Petro en las urnas C.

Impacto institucional

• Se fractura la credibilidad del Ministerio de Igualdad.
• Se debilita la figura de la vicepresidenta Francia Márquez, quien ha sido símbolo de lucha antirracista.
• Se expone una incoherencia ética que afecta la narrativa presidencial sobre derechos humanos.

¿Qué significa esto para Colombia? En un país donde el racismo sigue siendo una realidad cotidiana, el lenguaje presidencial importa. No basta con discursos en foros internacionales: la coherencia comienza en casa. Petro ha demostrado que incluso los líderes que se proclaman progresistas pueden caer en prácticas excluyentes cuando el poder se convierte en trinchera.

Por Redacción de Criterio Público

Mientras el presidente Gustavo Petro se erige como defensor global de los derechos humanos en Palestina, los niños colombianos siguen enfrentando abandono, violencia y desplazamiento. En la Conferencia Ministerial de Emergencia sobre Palestina, celebrada en Bogotá, Petro denunció que “no podemos estar con ejércitos que tiran bombas a los niños” y ordenó suspender la exportación de carbón a Israel, afirmando que “el país de la vida está causando muerte”.

¿Solidaridad internacional o doble moral? Petro anunció la creación de un servicio de atención médica para niños palestinos heridos por los bombardeos D E. Incluso propuso traer entre 35 y 50 menores a Colombia para ser atendidos en el Hospital Militar F. Aunque el gesto humanitario es loable, surge una pregunta inevitable: ¿dónde está esa misma urgencia por los niños de La Guajira, del Chocó, de los territorios olvidados por el Estado?

Niñez colombiana: entre el olvido y la violencia

• En zonas rurales, miles de niños sufren desnutrición crónica sin acceso a servicios básicos.
• El reclutamiento forzado por grupos armados sigue siendo una amenaza latente.
• Las masacres, el desplazamiento y el abandono escolar son parte del día a día en regiones como el Catatumbo y el Cauca.

¿Luz para Palestina, oscuridad para Colombia? La imagen de Petro junto a un cuadro de un niño palestino en la Casa de Nariño desató críticas por parte de sectores que lo acusan de reemplazar símbolos patrios por gestos simbólicos internacionales G. Mientras tanto, no hay cuadros ni discursos sobre los niños colombianos que mueren por falta de atención médica, por balas perdidas o por hambre.

¿Busca Petro reconocimiento internacional? Su discurso en foros globales, su ruptura con Israel y su propuesta de crear un “ejército de la luz” para enfrentar a Europa , parecen más alineados con una estrategia de posicionamiento internacional que con una política coherente de protección infantil en casa.

Colombia necesita un presidente que defienda la vida en todos los territorios, no solo en los escenarios diplomáticos. Porque si los niños palestinos merecen atención, los colombianos también merecen justicia, protección y verdad.

Criterio Público | opinión pública.

El 15 de julio, el presidente Gustavo Petro apareció en cadena nacional para abordar la crisis de las EPS en Colombia. Lo que pudo haber sido una intervención esclarecedora se convirtió en una alocución marcada por frases ambiguas, acusaciones sin pruebas y una confusión que desató críticas en medios, redes y círculos políticos.

Lo más polémico Petro denunció que 2.71 billones de pesos destinados a las EPS habían desaparecido y atribuyó la situación a un supuesto “robo de GPS”, en referencia a la falta de trazabilidad de los recursos. Sin embargo, no presentó informes técnicos, auditorías, ni evidencia que respaldara sus afirmaciones.

Reacciones inmediatas

• Semana lo tildó como un “bochorno presidencial sin respaldo técnico”.
• El Espectador destacó la gravedad de acusar a las EPS de delitos sin pruebas contundentes.
• Analistas como María Andrea Nieto y Daniel Coronell llamaron la atención sobre el deterioro del discurso presidencial en momentos clave.

Impacto político y comunicativo

• La narrativa oficial sobre salud perdió credibilidad ante la falta de rigor.
• Se intensificaron las tensiones con gremios médicos y entidades privadas.
• La ciudadanía se quedó sin respuestas claras frente a la situación real del sistema de salud.

¿Una denuncia o un desliz? Más que una rendición de cuentas, el discurso de Petro pareció un monólogo lleno de metáforas confusas y frases como “se robaron los GPS”, que oscurecen más de lo que explican. En tiempos donde cada palabra presidencial pesa, la falta de precisión no es un detalle menor: es una falla institucional.

Criterio publico.

En una democracia sólida, el conocimiento técnico y la preparación legislativa deberían ser requisitos mínimos para quienes redactan las leyes que rigen a millones de ciudadanos. Sin embargo, el caso de la senadora María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, ha encendido las alarmas sobre el avance de la ignocracia: el poder ejercido desde la ignorancia.

Errores básicos que no se pueden justificar

Durante el debate de la reforma laboral, Carrascal confundió ingresos con utilidades, afirmando que las empresas podrían asumir nuevos costos porque “les quedaría una utilidad del 25,7% después de pagar el 0,8% de sus ingresos o utilidades”. Esta afirmación fue calificada como “descabellada y falaz” por expertos, quienes señalaron que la rentabilidad promedio de las 1.000 empresas más grandes de Colombia es de apenas 6,16%, no 25%.

Además, en su exposición confundió contratos a término fijo con contratos por prestación de servicios, mostrando un desconocimiento profundo de las figuras laborales que ella misma pretendía reformar.

Críticas desde todos los sectores

La senadora María Fernanda Cabal fue contundente: “La ponente de la reforma laboral no tiene la más remota idea de lo que habla”. Otros congresistas y analistas han señalado que Carrascal “solo conoce de paros, de la primera línea y de violencia”, y que su activismo no se ha traducido en conocimiento legislativo real2.

Incluso medios como Vanguardia han publicado columnas tituladas “Reforma laboral: cuando se legisla desde la ignorancia”, donde se denuncia la falta de rigor técnico en el diseño de políticas públicas.

Populismo sin sustento

Carrascal ha promovido una consulta popular que podría costar más de 800 mil millones de pesos, defendiendo el gasto como una “reconquista de derechos”. Sin embargo, su insistencia en este mecanismo ha sido vista como una estrategia populista que ignora alternativas legislativas más eficientes y menos costosas4.

¿Por qué esto es grave?

Cuando una senadora que lidera reformas clave demuestra desconocimiento técnico, las consecuencias son profundas:

• Se redactan leyes mal estructuradas que afectan el empleo y la economía.
• Se pierde credibilidad ante gremios, inversionistas y organismos internacionales.
• Se debilita la calidad del debate público, reemplazando argumentos por consignas.

La ignorancia no debería tener cabida en el Congreso. María Fernanda Carrascal representa un caso preocupante de cómo el activismo sin preparación puede convertirse en una amenaza para la institucionalidad. Colombia necesita legisladores que estudien, escuchen y comprendan antes de legislar. Porque cuando la ignorancia se convierte en poder, la democracia se vuelve un experimento peligroso.

Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, la relación entre el Ejecutivo y la Fiscalía General de la Nación ha estado marcada por tensiones, señalamientos y una creciente preocupación por la independencia institucional. Lo que comenzó como diferencias políticas ha escalado hacia lo que muchos analistas consideran una presión directa del gobierno sobre el aparato judicial, con implicaciones graves para la seguridad jurídica y la estabilidad democrática del país.

Manipulación institucional: ¿Fiscalía al servicio del poder?

En múltiples ocasiones, Petro ha hecho declaraciones públicas que sugieren cómo debería actuar la Fiscalía, especialmente en casos sensibles como los procesos penales en Antioquia. En julio de 2025, el presidente afirmó que la fiscal general “debería reestructurar la Fiscalía en Antioquia”, insinuando que los procesos judiciales allí estaban siendo manipulados por actores políticos locales. Este tipo de afirmaciones no solo vulneran la autonomía de la Fiscalía, sino que también socavan la confianza ciudadana en la justicia.

Los “Petrovideos” y el plan criminal contra la democracia

En mayo de 2024, Petro declaró ante la Fiscalía que la filtración de los llamados “Petrovideos” —grabaciones de reuniones privadas de su campaña presidencial— fue parte de un “plan criminal contra la democracia”. Aunque el presidente se presentó como víctima, sus declaraciones también incluyeron señalamientos contra instituciones que, según él, no investigaron adecuadamente las amenazas contra su campaña. Esta narrativa ha sido interpretada por algunos sectores como una estrategia para deslegitimar investigaciones legítimas y desviar la atención de los contenidos comprometedores de los videos.

Seguridad presidencial vs. seguridad institucional

El gobierno ha reportado más de 34 amenazas contra el presidente Petro desde 2022, algunas de ellas investigadas por la Fiscalía5. Si bien la protección del mandatario es una prioridad, el uso político de estas amenazas —como justificar cambios en rutas aéreas o reforzar el discurso de persecución— ha generado dudas sobre si se están utilizando como herramientas de presión institucional.

¿Qué está en juego?

La democracia colombiana se basa en la separación de poderes. Cuando el Ejecutivo presiona públicamente a la Fiscalía, cuestiona sus decisiones o sugiere reestructuraciones internas, se rompe el delicado equilibrio que garantiza el Estado de derecho. Esta situación no solo pone en riesgo la independencia judicial, sino que también abre la puerta a la persecución política, la censura y el debilitamiento de las garantías ciudadanas.

La democracia no se defiende con discursos desde el balcón ni con amenazas veladas a las instituciones. Se defiende con respeto a la ley, a la justicia y a la autonomía de quienes deben ejercerla sin miedo ni favoritismos. Si la Fiscalía se convierte en un brazo del poder presidencial, Colombia corre el riesgo de perder su democracia por decreto

Criterio Público — Investigación Especial

Activismo encubierto: de Hidroituango al tráfico de favores judiciales

Isabel Cristina Zuleta irrumpió en la esfera pública como lideresa ambiental de movimientos contra Hidroituango. Su narrativa en defensa del territorio la catapultó al Senado con el respaldo del Pacto Histórico. Sin embargo, tras su llegada al Congreso, emergió una figura distinta: una gestora de influencias que presuntamente intervino en operativos judiciales, facilitó la salida de cabecillas criminales, y maniobró resoluciones oficiales en favor de bandas urbanas.

El caso ‘Yordi’: ¿obstrucción judicial bajo la bandera de la paz?

En 2023, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que Zuleta intercedió ante altos mandos policiales para detener la captura de alias ‘Yordi’, cabecilla de La Terraza. Argumentó que el operativo interfería con los diálogos de “Paz Urbana” promovidos por el gobierno Petro.

Posteriormente, se revelaron resoluciones penitenciarias modificadas para permitir la salida de condenados vinculados a estructuras criminales, quienes incluso participaron en actos políticos como el “tarimazo” presidencial en La Alpujarra. Las fechas alteradas y firmas inconsistentes fueron denunciadas como posible prevaricato y favorecimiento en fuga de presos.

Financiación familiar: donaciones que podrían violar la ley electoral

La Procuraduría abrió una indagación contra Zuleta por haber financiado con su salario campañas políticas, incluida la candidatura de su madre en Ituango. Aunque la senadora reconoció públicamente estas donaciones, el artículo 110 de la Constitución prohíbe a funcionarios públicos participar en campañas, lo que podría acarrear sanciones disciplinarias.

“Ayudé con mi salario a campañas de gente querida”, reconoció Zuleta.
Pero ese “acto afectivo” podría implicar falta grave de ética pública.

El atentado de Miguel Uribe: manipulación narrativa y reacción tardía

Luego del atentado contra el senador Miguel Uribe en 2025, Zuleta acusó —sin pruebas— que los partes médicos estaban “manipulados”. Esta declaración, publicada desde sus redes, provocó indignación incluso dentro del Pacto Histórico, que intentaba contener la crisis política sin mayor polarización.

¿lideresa popular o peón de las estructuras criminales?

Isabel Zuleta ha usado el discurso ambiental y la defensa del pueblo como escudo político, mientras acumula denuncias por tráfico de influencias, obstrucción judicial y manipulación institucional. Su cercanía con estructuras del crimen urbano y su uso estratégico del “pacifismo territorial” no la revelan como una gestora de paz, sino como una operadora encubierta en nombre de intereses oscuros.

La historia detrás del activismo de Zuleta parece ser menos verde y más turbia. Si desde el Senado maniobra resoluciones penitenciarias y presiona operativos policiales, ¿qué haría desde un cargo más alto? Su trayectoria representa no una alternativa política, sino una amenaza institucional velada por consignas sociales.

Criterio Público — Investigación Especial

Formación y trayectoria internacional

Paola Andrea Holguín Moreno, senadora del Centro Democrático, es Comunicadora Social–Periodista con dos maestrías: una en Estudios Políticos y otra en Seguridad y Defensa Nacional. Su formación incluye estudios en contraterrorismo, estrategia y defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de Seguridad en Washington A B.

Ha sido asesora presidencial en Colombia y México, consultora de USAID en temas de seguridad y justicia, y encargada de asuntos políticos en la Embajada de Colombia en México. También ha sido docente universitaria y conferencista internacional A C.

Especialista en seguridad y defensa

Holguín ha centrado su carrera en fortalecer la institucionalidad y la seguridad nacional. Como senadora, ha impulsado leyes que protegen a soldados e infantes de marina, restituyen recursos a universidades públicas y promueven el patrimonio cultural B.

En debates recientes, ha propuesto eliminar el estatus político de grupos armados como las FARC y el ELN, fortalecer la Fuerza Pública, y mejorar operativos contra rentas ilícitas D. Su enfoque combina prevención, control, represión y rehabilitación, con una visión integral de seguridad.

Propuestas presidenciales: realismo, unidad y transparencia

Como precandidata presidencial, Holguín ha planteado una plataforma basada en datos, experiencia y capacidad técnica. Entre sus propuestas destacan:

• Recuperar la confianza institucional y superar el voto “anti” con una visión de país realizable E
• Flexibilizar el sistema laboral, promover el contrato sindical y ajustar salud y educación sin reformas radicales D
• Revivir el fracking con estudios científicos, para enfrentar la crisis energética sin ideologización F
• Formar una coalición nacional que incluya sectores defraudados por el actual gobierno, con una plataforma antes que un candidato G

Holguín ha sido clara: no busca votos por ser mujer, sino por su preparación. “No vote por mí porque soy mujer, vote por mí porque soy la mejor” E.

¿Por qué sería una buena presidenta?

• Tiene experiencia directa en gobiernos de Colombia, México y Argentina, lo que le da perspectiva internacional y capacidad de negociación.
• Su enfoque técnico y basado en evidencia contrasta con discursos populistas y promesas vacías.
• Defiende valores democráticos, como la propiedad privada, la libertad de mercado y el respeto constitucional.
• Promueve la unidad nacional, alejándose de la polarización y apostando por una reconciliación política.

Paola Holguín representa una candidatura con profundidad técnica, visión estratégica y compromiso democrático. En un país marcado por la polarización y la improvisación, su perfil ofrece una alternativa seria, estructurada y capaz de liderar con firmeza y realismo.

Criterio Público — Investigación Especial

De la Ola Verde al oportunismo electoral

Claudia López irrumpió en la política colombiana como símbolo de renovación ciudadana, abanderando la lucha contra la corrupción y el discurso independiente. Sin embargo, su trayectoria revela una constante mutación ideológica que ha generado desconfianza incluso entre sus antiguos aliados. Ha transitado por el santismo, el petrismo, el fajardismo y ahora se presenta como “procentrista”, una etiqueta que parece más una estrategia de mercadeo que una convicción política.

“Hoy de izquierda, mañana de derecha, pasado mañana de centro, según su conveniencia” — Gustavo Bolívar A

Este camaleonismo ha sido criticado por figuras de todos los sectores, quienes señalan que López adapta su discurso según las encuestas, no por principios. Su reciente distanciamiento del petrismo, tras haberlo apoyado públicamente en dos elecciones, refuerza esa percepción.

Contradicciones éticas y alianzas cuestionables

Durante su gestión como alcaldesa de Bogotá, López promovió contratos con entidades vinculadas a su socio político Carlos Ramón González, quien hoy enfrenta una orden de captura por corrupción B. Aunque ella defiende la legalidad de esos convenios, su bandera anticorrupción se ve debilitada por estas asociaciones.

Además, su discurso contra el expresidente Álvaro Uribe —a quien acusó de haber sido elegido con apoyo paramilitar— ha generado una denuncia penal por injuria y calumnia .Si bien López cita sentencias contra Claudia López: del cambio al cálculo — el camaleonismo que desdibuja su liderazgo cercanas a Uribe, no ha presentado pruebas directas que sustenten sus afirmaciones, lo que ha sido interpretado como un intento desesperado por figurar en campaña.

“Por camaleona ya no tiene cabida en ningún lado, ni el petrismo, ni el santismo, ni el fajardismo. Nadie la quiere cerca por dañina y por no tener principios” — Sebastián López, concejal.

Fracturas internas y manipulación partidista

La crisis del partido Alianza Verde, donde López intentó imponer su candidatura presidencial, ha dejado al descubierto su estilo de liderazgo divisivo. Congresistas como Alejandro García denunciaron que López buscaba convertir el partido en una plataforma exclusiva para sus aspiraciones, ignorando otras voces y propuestas .

Su salida del partido en 2024, tras perder respaldo interno, y su intento de reconfigurar alianzas desde una supuesta “independencia ciudadana” refuerzan la idea de que su proyecto político se basa más en cálculo que en convicción.

¿Por qué sería una mala opción presidencial?

• Inestabilidad ideológica: cambia de postura según conveniencia electoral.
• Débil coherencia ética: denuncia corrupción mientras se asocia con figuras investigadas.
• Estilo divisivo: fractura partidos y alianzas por ambiciones personales.
• Narrativa oportunista: adapta su discurso a lo que las encuestas dictan, no a lo que el país necesita.

Claudia López se presenta como una alternativa democrática, pero su historial revela una figura marcada por el camaleonismo político, las alianzas cuestionables y el oportunismo discursivo. En un país que exige coherencia, transparencia y liderazgo firme, su candidatura representa más una estrategia de supervivencia electoral que una visión de Estado.