Criterio Público.

La condena de 12 años contra Álvaro Uribe no solo marca un precedente jurídico: revela una pulsión ideológica que convierte el estrado en tribuna política. ¿Qué clase de justicia trata a un expresidente como el peor criminal, mientras absuelve a quienes sí lo fueron?

El juicio que se convirtió en linchamiento

La sentencia contra Álvaro Uribe no parece el resultado de un proceso judicial imparcial, sino el desenlace de una narrativa construida para destruir su legado. La jueza que lo condenó no solo aplicó la ley: la usó como arma. Su tono, sus palabras, su actitud en sala, todo apuntaba más a humillar que a juzgar.

• 12 años de condena por manipulación de testigos, mientras otros con delitos de sangre caminan libres por el Congreso.
• Un trato hostil, casi vengativo, impropio de quien representa la majestad de la justicia.
• Una sentencia que parece escrita para Twitter, más que para los libros de jurisprudencia.

¿Justicia o espectáculo?

La jueza no se limitó a condenar: editorializó. Su lenguaje fue agresivo, su postura desafiante, su fallo cargado de adjetivos que revelan más animadversión que objetividad. En vez de aplicar la ley con rigor y equilibrio, convirtió el proceso en un acto de escarnio público.

• ¿Por qué ese tono inquisidor?
• ¿Por qué esa necesidad de exhibirlo como símbolo del mal?
• ¿Por qué ese silencio frente a otros actores del conflicto con crímenes mucho más graves?

El doble rasero judicial

La justicia colombiana parece tener dos varas: una para los exguerrilleros, llena de indulgencia y comprensión; otra para Uribe, cargada de severidad y desprecio. No se trata de defenderlo ciegamente, sino de exigir que el Estado no convierta sus instituciones en instrumentos de revancha.

• La JEP absuelve a criminales de guerra.
• La justicia ordinaria condena a Uribe como si fuera el jefe de una organización mafiosa.
• ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde la proporcionalidad?

Este no es solo un fallo judicial. Es una declaración política.
Y cuando los jueces se convierten en activistas, la democracia tiembla.

Mientras miles de víctimas siguen esperando justicia, los excomandantes de las FARC se pasean por el Capitolio dando lecciones de moral. ¿Qué clase de democracia premia a criminales de lesa humanidad con poder político gratuito?

El pacto que traicionó a las víctimas

La implementación del Acuerdo de Paz con las FARC incluyó un punto que sigue siendo una herida abierta en la conciencia nacional: la entrega automática de curules en el Congreso a miembros del partido Comunes, sin que mediaran votos, méritos democráticos ni rendición de cuentas por sus crímenes. Esta concesión, disfrazada de inclusión política, es en realidad una humillación institucional para las víctimas del conflicto armado.

• ¿Dónde está la dignidad? Los mismos que ordenaron secuestros, masacres y reclutamiento de menores hoy se presentan como defensores de la ética pública.
• ¿Dónde está la justicia? Ninguno ha pagado cárcel efectiva por delitos atroces. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido más indulgente que rigurosa.
• ¿Dónde está la democracia? Las curules no fueron ganadas en las urnas, sino otorgadas como parte de una negociación política que ignoró el clamor ciudadano.

El teatro de la moral guerrillera

Resulta grotesco escuchar a voceros de Comunes hablar de “dignidad”, “reconciliación” y “justicia social” mientras evaden responsabilidades penales y se benefician de privilegios estatales. Su narrativa busca reescribir la historia, posicionándose como víctimas del sistema cuando fueron verdugos de miles.

• En debates legislativos, se presentan como referentes éticos.
• En medios, se victimizan y exigen respeto.
• En redes, dan cátedra de derechos humanos.

Este cinismo institucionalizado es una bofetada a la memoria de quienes murieron, fueron desplazados o perdieron a sus hijos por culpa de las balas y las bombas de las FARC.

¿Reconciliación o impunidad?

La paz no puede construirse sobre la base de la impunidad. La participación política de excombatientes puede ser legítima si hay verdad, justicia y reparación. Pero cuando se otorgan curules como premio, sin que haya arrepentimiento real ni condena efectiva, lo que se consolida no es la paz, sino la normalización del crimen.

En Colombia, el poder judicial ha sido objeto de crecientes cuestionamientos por parte de sectores políticos y ciudadanos que denuncian una supuesta instrumentalización ideológica de la justicia. En particular, se acusa a ciertos jueces de izquierda de actuar como agentes políticos encubiertos, dictando fallos que favorecen agendas progresistas o castigan adversarios conservadores. Esta investigación examina el origen, evolución y controversias que rodean a estos jueces, así como su postura frente al Estado de derecho.

1. Origen del pensamiento judicial de izquierda

• Desde los años 70, sectores de izquierda en Colombia adoptaron el lenguaje de los derechos humanos como herramienta de denuncia contra el Estado burgués A B.
• El informe El libro negro de la represión, publicado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), fue clave para posicionar la justicia como vehículo de conciencia popular y resistencia A.
• Esta visión entendía la legalidad liberal como una estructura opresiva, y proponía una justicia revolucionaria, centrada en la denuncia y la transformación social.

2. Activismo judicial contemporáneo

• La Corte Constitucional ha sido señalada por ejercer un activismo judicial que supera sus funciones tradicionales, especialmente en materia de derechos sociales C.
• Jueces como Sandra Heredia han sido blanco de críticas por fallos que afectan figuras como Álvaro Uribe, considerados por la derecha como venganzas políticas D E.
• El presidente Gustavo Petro ha defendido la independencia judicial, pero también ha sido acusado de presionar a la justicia en casos sensibles D.

3. Postura política de los jueces radicales

• Aunque los jueces no deben expresar afiliaciones políticas, algunos han sido vinculados a movimientos progresistas o han emitido fallos alineados con agendas de izquierda.
• La izquierda defiende estos jueces como garantes de derechos fundamentales, mientras la derecha los acusa de lawfare (judicialización de la política) E F.
• Petro ha respaldado públicamente a jueces en casos como el de Uribe, mientras ha criticado decisiones judiciales en otros países, lo que ha generado acusaciones de doble estándar D.

4. Controversias recientes

Caso Postura de la izquierda Críticas de la derecha
Condena a Álvaro Uribe Defensa de la independencia judicial Lawfare y persecución política E F
Fallos sobre derechos sociales Activismo legítimo Exceso de poder judicial sobre el legislativo C
Opiniones de Petro sobre jueces Protección institucional Presión indebida y politización de la justicia D

5. Implicaciones institucionales

• La polarización judicial amenaza la legitimidad del sistema legal y la confianza ciudadana.
• La percepción de que los jueces actúan como militantes ideológicos puede erosionar el principio de separación de poderes.
• La defensa de jueces por parte del Ejecutivo, como en el caso Petro-Heredia, plantea interrogantes sobre la autonomía judicial.

La figura del juez radical de izquierda en Colombia encarna una tensión profunda entre justicia transformadora y neutralidad institucional. Mientras algunos sectores celebran su papel como defensores de los derechos sociales y la equidad, otros los ven como instrumentos de venganza política. Esta investigación invita a un debate serio sobre los límites del activismo judicial y la necesidad de preservar la independencia de la justicia en tiempos de polarización.

La lectura del fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lejos de disipar dudas, ha encendido nuevas alarmas sobre la imparcialidad judicial y el uso político de la justicia en Colombia. La jueza Sandra Liliana Heredia, encargada de este proceso, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos que merecen ser abordados con rigor y sin concesiones.

Irregularidades procesales que erosionan la confianza

• Validación de interceptaciones obtenidas “por error”: La jueza admitió como prueba conversaciones entre Uribe y su abogado, interceptadas por la Corte Suprema en 2018. Aunque reconoció que se trató de un error al rastrear la línea de otro congresista, consideró que no hubo mala fe y que los protocolos se activaron a tiempo . Esta decisión ha sido duramente criticada por penalistas, quienes advierten que se vulneró el principio de confidencialidad abogado-cliente.
• Admisión de grabaciones obtenidas con relojes espía: La jueza también avaló como prueba grabaciones realizadas por el testigo Juan Guillermo Monsalve desde prisión, sin orden judicial previa. Aunque se argumentó que fueron hechas por la “víctima”, expertos señalan que se trata de una práctica que pone en entredicho la cadena de custodia y la autenticidad del material.
• Hostilidad hacia la defensa: Durante el juicio, Heredia negó aplazamientos solicitados por el equipo jurídico de Uribe para revisar pruebas clave, lo que ha sido interpretado como una actitud parcial y poco garantista D. Incluso se presentó una queja disciplinaria ante la Comisión de Disciplina Judicial por presunto abuso de funciones y prejuzgamiento.

¿Justicia o persecución política?

El contexto no puede ignorarse. Este proceso se ha desarrollado en medio de una polarización extrema, con sectores del gobierno y de la oposición utilizando el caso como arma política. El presidente Gustavo Petro ha intervenido públicamente en varias ocasiones, denunciando presiones ideológicas sobre la jueza y defendiendo su independencia A F. Por otro lado, congresistas uribistas han denunciado una “judicialización de la política” y una “venganza institucional” contra quien combatió a las guerrillas con firmeza.

La jueza Heredia, en su discurso inicial, afirmó que “la justicia no se arrodilla ante el poder” y que “la toga no tiene género, pero sí carácter” I JV. Sin embargo, cuando el proceso está marcado por decisiones controvertidas, discursos ideológicos y una narrativa que parece más propia de un acto simbólico que de una sentencia jurídica, cabe preguntarse si estamos ante un fallo en derecho o ante una puesta en escena para satisfacer intereses políticos.

La justicia debe ser ciega, pero no muda. Y cuando sus decisiones se alejan del debido proceso, se convierten en instrumentos de poder más que en garantías de verdad. El caso Uribe no solo pone a prueba la solidez institucional de Colombia, sino también la capacidad de sus jueces para actuar con independencia, sin caer en el espectáculo ni en la revancha.

Este 28 de julio, Colombia presenció un hecho sin precedentes: el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrentó la lectura del fallo en el juicio por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Aunque el proceso se presentó como un hito de la justicia, múltiples juristas, analistas y sectores políticos denuncian que se trató de un montaje judicial, plagado de irregularidades, sesgos procesales y violaciones al debido proceso.

Claves del caso: ¿De qué se le acusa a Uribe?

• Delitos imputados: fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.
• Origen: El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. La Corte Suprema archivó esa denuncia y abrió una investigación contra Uribe.
• Testigo clave: Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar, grabó al abogado Diego Cadena con un reloj espía. La defensa sostiene que fue un montaje orquestado para incriminar al expresidente.

¿Por qué se habla de montaje judicial?

1. Interceptaciones ilegales

• La Corte Suprema interceptó el teléfono de Uribe en 2018, alegando que pertenecía al congresista Nilton Córdoba.
• Aunque se detectó el error, las escuchas continuaron por semanas. La jueza Sandra Heredia validó estas pruebas como “legales” pese a que se trató de una interceptación indebida.

1. Violación del secreto profesional

• Se usaron conversaciones entre Uribe y su abogado como prueba, ignorando el principio de confidencialidad entre defensa y acusado.

1. Filtraciones y presión mediática

• Información reservada fue filtrada a medios para construir una narrativa de culpabilidad. Juristas denuncian que esto vulneró la presunción de inocencia.

1. Testigos con antecedentes penales

• Los principales testigos de la Fiscalía, como Monsalve y Vélez, tienen condenas por delitos graves. Su credibilidad ha sido cuestionada por múltiples expertos.

Opinión de juristas: ¿Lawfare en Colombia?

• 38 exmagistrados y penalistas firmaron una carta pública denunciando que el caso contra Uribe fue un “burdo montaje político y judicial”.
• Señalan que el proceso fue impulsado por una Fiscalía “militante” y que se usaron testigos mendaces para deslegitimar al expresidente.
• Acusan al sistema judicial de haber sido instrumentalizado para fines políticos, en un claro ejemplo de lawfare.

El papel de la jueza Sandra Heredia

• Heredia validó pruebas controvertidas, como las interceptaciones y grabaciones del reloj espía.
• En su discurso, afirmó que “la justicia no se arrodilla ante el poder” JV, pero sus decisiones han sido interpretadas como alineadas con una narrativa de condena.
• Juristas cuestionan su imparcialidad y denuncian que el procedimiento estuvo marcado por sesgos ideológicos y presión mediática.

El juicio contra Álvaro Uribe no solo pone a prueba la independencia judicial en Colombia, sino que revela las tensiones entre justicia, política y opinión pública. Más allá del veredicto, el proceso ha dejado al descubierto prácticas que comprometen la legitimidad institucional. Si se trató de un montaje, como sostienen numerosos juristas, estamos ante una grave amenaza al Estado de Derecho.

Criterio público| opinión pública.

Entre la indignación y el deber moral, surge una figura que promete restaurar el orden perdido.

Abelardo de la Espriella, abogado penalista de alto perfil, ha oficializado su candidatura presidencial para 2026 con el movimiento Firme por la Patria. Su propuesta se presenta como una respuesta directa a lo que él denomina “la destrucción institucional del país bajo el gobierno de Gustavo Petro”.

1. Trayectoria jurídica y exposición pública

• Reconocido por su participación en casos de alto impacto, De la Espriella ha construido una imagen de firmeza legal y confrontación directa contra la corrupción.
• Su estilo combativo y su presencia mediática lo han convertido en un referente de la derecha sin complejos.

1. Narrativa de urgencia patriótica

• Afirma que su candidatura responde a un “deber moral ineludible” y a un llamado ciudadano para enfrentar lo que considera una crisis sin precedentes.
• Su discurso gira en torno a valores como orden, justicia, familia y dignidad nacional, apelando a una base conservadora y desencantada con el actual gobierno.

1. Propuestas de seguridad y justicia

• Promete crear bloques de búsqueda contra corruptos, reactivar la extradición, y aplicar presión militar contra estructuras criminales.
• Rechaza el modelo de “gestores de paz” y plantea una política de sometimiento o eliminación de grupos armados ilegales.

1. Alianzas estratégicas y guiños ideológicos

• Ha propuesto a Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial, aunque este ha declinado públicamente. Aun así, De la Espriella lo considera su referente político y posible ministro de Defensa.
• Su coalición excluye cualquier acercamiento con el petrismo, pero está abierta a sectores arrepentidos del voto por Petro.

1. Recepción ciudadana y redes sociales

• En redes, su candidatura ha sido celebrada por sectores que lo ven como “la esperanza de una derecha sin complejos”.
• Su estilo directo, sin filtros, ha generado tanto adhesión fervorosa como rechazo frontal, lo que lo convierte en un actor polarizante pero visible.

Colombia no necesita zonas de paz pactadas con dictadores. Necesita soberanía.

El reciente acuerdo firmado entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, bajo el nombre de “zona binacional de paz”, representa mucho más que una iniciativa de integración. Es, en palabras de la senadora María Fernanda Cabal, una claudicación institucional que entrega el control de los departamentos fronterizos a un régimen señalado por crímenes de lesa humanidad A B.

La propuesta incluye una franja territorial conjunta entre Norte de Santander, Cesar y La Guajira (Colombia), y Táchira y Zulia (Venezuela), con planes de cooperación en salud, educación, agricultura y seguridad. Pero detrás del discurso de desarrollo, se esconde una cesión encubierta de soberanía que abre la puerta al Cartel de los Soles y a redes criminales binacionales A B.

Este memorando no fue socializado con el Congreso ni sometido a control político. Tampoco se conocen los mecanismos de protección para las comunidades que habitan estas zonas, muchas de ellas ya afectadas por el narcotráfico, el desplazamiento forzado y la minería ilegal A C.

¿Quién garantiza que esta “zona binacional” no se convierta en un santuario para el crimen organizado? ¿Qué controles existen para evitar que actores armados ilegales operen con impunidad bajo el manto de la cooperación?

Mientras el Gobierno de Petro juega a ser aliado geopolítico del chavismo, la frontera arde, la institucionalidad se desvanece y la seguridad nacional queda en entredicho. Este pacto no es integración: es una rendición ideológica que pone en riesgo la soberanía colombiana.

Por Redacción Criterio Público

Lo que comenzó como una fórmula histórica para transformar Colombia hoy se desmorona en público. Francia Márquez, símbolo de inclusión y justicia social, ha sido reducida a una presencia ornamental en un gobierno que prometía igualdad, pero practica exclusión. ¿Por qué Gustavo Petro no la deja encargada cuando se ausenta del país? ¿Por qué delega en otros mientras la vicepresidenta queda al margen?

De aliada a estorbo

Francia Márquez fue clave para consolidar el “Gobierno del cambio”. Su liderazgo afrodescendiente, ambientalista y feminista conectó con sectores históricamente marginados. Pero desde el primer año, Petro comenzó a desdibujarla: la dejó sola en eventos, le retiró el Ministerio de Igualdad y evitó incluirla en decisiones estratégicas.

Tensiones que ya no se ocultan

• En el Consejo de Ministros del 15 de julio, Petro lanzó una frase que desató indignación: “A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno”, en referencia a la oposición de Márquez al nombramiento de Amaranta Hank A.
• Márquez ha denunciado racismo institucional y falta de respaldo: “No me han dejado gobernar”, afirmó tras ser apartada del Ministerio de Igualdad B.
• La vicepresidenta ha sido excluida de actos oficiales, discursos presidenciales y decisiones clave. Incluso se ha insinuado su participación en un supuesto complot, lo que ella ha calificado como una maniobra racista y difamatoria C D.

¿Por qué no la deja encargada?

• Control narrativo: Petro delega en figuras que refuerzan su discurso, no en quienes podrían cuestionarlo.
• Temor a autonomía: Márquez ha demostrado pensamiento propio, lo que incomoda a un liderazgo centralizado.
• Desconfianza política: Las diferencias ideológicas y personales se han convertido en una ruptura funcional.

¿Qué queda de la promesa?

La exclusión de Márquez no solo revela fracturas internas, sino que traiciona el discurso de inclusión que llevó al Pacto Histórico al poder. Hoy, la vicepresidenta no gobierna, no ejecuta, no decide. Es la figura decorativa de un cambio que se quedó en el eslogan.

Por Redacción Criterio Público

Mientras Colombia atraviesa una de sus coyunturas más delicadas en materia de seguridad, institucionalidad y gobernabilidad, el presidente Gustavo Petro ha optado por proyectar liderazgo fuera de sus fronteras. Su visita relámpago a Haití, la segunda en lo que va del año, ha sido presentada como un gesto de solidaridad latinoamericana y cooperación Sur-Sur. Pero ¿qué significa este viaje en medio de la crisis interna que sacude al país?

Un viaje simbólico, una agenda difusa

Petro inauguró la nueva embajada colombiana en Puerto Príncipe y sostuvo reuniones con el Consejo Presidencial de Transición haitiano. Según el gobierno, se discutieron temas como seguridad, lucha contra el narcotráfico, educación y comercio A B. También ofreció entrenamiento policial y cooperación en producción de armas B C. Sin embargo, la prensa haitiana criticó el carácter hermético del encuentro y la falta de acceso informativo para medios locales A.

Haití como espejo y excusa

La narrativa presidencial insiste en que Colombia tiene una “deuda histórica” con Haití por su apoyo a la independencia sudamericana. Petro ha llamado a formar un bloque de “naciones progresistas” en América Latina B. Pero este discurso contrasta con la realidad colombiana: mientras el mandatario habla de paz regional, en el Catatumbo y otras zonas del país se vive una escalada de violencia que ha llevado al gobierno a considerar el estado de excepción D.

¿Diplomacia o distracción?

La visita ocurre en medio de una crisis institucional en Colombia: cambios en el gabinete, tensiones con Venezuela, y el caso aún sin resolver de los exmilitares colombianos implicados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse D. La pregunta inevitable es si Petro está utilizando la política exterior como cortina de humo ante la falta de resultados concretos en casa.

¿Qué queda?

La apertura de una embajada, los discursos de unidad y los gestos simbólicos pueden tener valor diplomático. Pero en un país donde la inseguridad, el desempleo y la polarización crecen, la ciudadanía espera respuestas más allá de la retórica internacional. Haití necesita ayuda, sí. Pero Colombia también.

Por Criterio Público

En un país donde el poder suele blindarse con discursos progresistas y promesas de cambio, la figura de Jairo Ladino emerge como un contrapunto incómodo, directo y valiente. Sin ser político ni periodista de oficio, este ciudadano ha logrado posicionarse como uno de los críticos más persistentes del gobierno de Gustavo Petro, denunciando irregularidades, contratos sospechosos y narrativas manipuladas.

De veedor digital a referente ciudadano

Ladino ha utilizado sus redes sociales como plataforma de veeduría, publicando documentos, videos y análisis que cuestionan la legalidad y ética de decisiones gubernamentales. Uno de sus aportes más recientes fue la revelación de un contrato firmado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el Teatro Petra, por más de 441 millones de pesos, en el que participaron actores abiertamente afines al gobierno Petro A.

La denuncia no solo expuso el uso de recursos públicos para fines ideológicos, sino que evidenció cómo el arte puede ser instrumentalizado políticamente bajo el pretexto de “acciones comunicativas”.

Enfrentando la narrativa oficial

En mayo de 2025, Ladino publicó un video viral donde acusaba a Petro de haber convocado directamente un paro nacional. Aunque el video fue editado y descontextualizado B, su intención era clara: cuestionar la manipulación del discurso presidencial y la ambigüedad con la que el gobierno apoya movilizaciones sociales sin asumir responsabilidad directa.

Más allá del error técnico, el gesto revela una actitud crítica frente a un gobierno que oscila entre el populismo y el autoritarismo, según sus detractores.

Denuncias sobre el “golpe blando”

En otro análisis, Ladino abordó el concepto de “golpe blando” que Petro ha usado para deslegitimar investigaciones sobre su campaña. El presidente ha insinuado que las acusaciones por exceso de gastos electorales son parte de un plan para sacarlo del poder. Ladino, por el contrario, sostiene que violar la ley electoral no puede justificarse con discursos victimistas, y que Petro estaría preparando el terreno para desconocer los resultados de futuras elecciones C.

¿Ciudadano común o líder emergente?

Lo que distingue a Jairo Ladino no es su cargo, sino su coherencia, persistencia y capacidad de análisis. En tiempos donde muchos callan por miedo o conveniencia, él ha optado por hablar, investigar y denunciar. Su trabajo no solo incomoda al poder, sino que inspira a otros ciudadanos a ejercer control social.

¿Un futuro político?

Aunque Ladino no ha manifestado aspiraciones electorales, su creciente influencia lo convierte en una figura que podría jugar un papel clave en la reconfiguración del liderazgo opositor. En un país donde la política tradicional ha perdido credibilidad, voces como la suya podrían marcar el inicio de una nueva ciudadanía activa, crítica y vigilante.