Criterio Público.

Columna de opinión | Miguel López
Fundador de Criterio Público

En Colombia, la coca no es simplemente una planta: es un indicador de abandono estatal, inequidad rural y políticas antidrogas fallidas. En 2023, el país alcanzó cifras récord en cultivos de coca, superando las 230.000 hectáreas según la ONU. Esta “producción máxima” no representa éxito agrícola, sino el reflejo de un modelo que multiplica el problema en lugar de contenerlo.

El presidente Gustavo Petro ha denunciado que la guerra contra las drogas es una guerra contra los pobres. Aunque su diagnóstico ético es acertado, su gestión operativa ha sido ambigua. Mientras se promueve la sustitución voluntaria y el desarrollo alternativo, las comunidades siguen atrapadas entre el abandono institucional y el control armado. En muchas regiones, la coca no es una elección: es la única opción viable.

Puntos críticos del modelo actual:

• Expansión sin regulación: La coca se ha extendido a nuevas zonas, incluyendo reservas ambientales, sin una respuesta estatal articulada.
• Economía bajo presión armada: Grupos ilegales imponen precios, rutas y condiciones. El Estado no compite, no protege, no regula.
• Erradicación forzada sin resultados: Las fumigaciones y operativos militares desplazan cultivos, pero no los eliminan. El daño ambiental y social supera cualquier beneficio.
• Alternativas inexistentes: Los programas de sustitución son lentos, burocráticos y mal financiados. No hay infraestructura, mercados ni garantías reales.

Culpar exclusivamente a Petro sería reduccionista. El problema es estructural y viene de décadas de incoherencia política. Sin embargo, su gobierno sí tiene responsabilidad por no haber articulado una estrategia clara, territorializada y con enfoque de derechos. La coca no se combate con discursos: se enfrenta con presencia estatal integral, inversión sostenida y respeto por las comunidades.

Colombia necesita una política de drogas que reconozca la complejidad del fenómeno. No basta con reducir hectáreas: hay que transformar las condiciones que hacen de la coca una economía funcional. La producción máxima es un espejo roto que refleja el fracaso del Estado en garantizar alternativas dignas.

La intención de voto en Colombia ha dejado de ser una simple métrica electoral para convertirse en un espejo del estado emocional del país. En medio de una ciudadanía cada vez más crítica, polarizada y exigente, dos nombres emergen con fuerza: María Fernanda Cabal y Abelardo de la Espriella.

Según el más reciente sondeo, Cabal lidera con un sólido 19% de respaldo, seguida por De la Espriella con un notable 15%. Esta dupla no solo encabeza las cifras, sino que representa una narrativa política que ha sabido conectar con un electorado cansado de ambigüedades. La llamada mujer de hierro ha construido una imagen de firmeza, confrontación y claridad ideológica que, para muchos, encarna el liderazgo que el país reclama. Por su parte, De la Espriella ha irrumpido con un discurso directo, sin concesiones, que lo posiciona como un actor relevante en el tablero nacional.

Más abajo en la medición aparecen figuras como Vicky Dávila (12%), Gustavo Bolívar (9%), Sergio Fajardo (8%), María José Pizarro (6%) y Daniel Quintero (5%). Aunque todos tienen trayectoria y reconocimiento, la dispersión de sus apoyos refleja una falta de cohesión en sus propuestas frente a un electorado que busca certezas, no matices.

Este panorama revela algo más profundo que preferencias individuales: muestra una reconfiguración del eje político colombiano. La intención de voto no solo mide quién podría ganar, sino quién está marcando el ritmo del debate público. Y hoy, ese ritmo lo imponen Cabal y De la Espriella.

La historia política de Bolivia dio un giro este 17 de agosto. Tras casi veinte años de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), los bolivianos decidieron cerrar el ciclo del populismo autoritario y abrir paso a una nueva etapa. Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente y referente de la derecha, disputarán la segunda vuelta el próximo 19 de octubre. La izquierda, otrora hegemónica, quedó relegada a un papel marginal.

El MAS, fundado por Evo Morales, fue durante años sinónimo de concentración de poder, persecución política y deterioro institucional. Desde 2006, Bolivia vivió una etapa de bonanza económica gracias al auge de las materias primas, pero esa riqueza fue mal administrada. El Estado se volvió dependiente, clientelar y cada vez más represivo. La justicia se convirtió en un instrumento de venganza política, y la prensa libre fue acosada sistemáticamente.

La crisis económica actual —con una inflación del 25%, escasez de combustibles y pérdida del valor de la moneda— es el legado tangible de ese modelo fallido2. En este contexto, el pueblo boliviano votó con claridad: no más socialismo del siglo XXI.

Andrónico Rodríguez, el único candidato de izquierda con posibilidades, apenas alcanzó el 5.5% de los votos. Evo Morales, proscripto de la contienda, llamó a votar nulo, evidenciando la fractura interna del MAS y su incapacidad de renovar liderazgos. La derrota no solo es electoral, sino simbólica: el mito del “proceso de cambio” se desmorona ante la realidad de una ciudadanía harta de promesas incumplidas.

Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, sorprendió con más del 31% de los votos. Su discurso moderado, centrado en la institucionalidad y la reconstrucción económica, conectó con un electorado que busca estabilidad y transparencia. Jorge Quiroga, con el 27%, representa una opción más dura contra el legado del MAS. Ambos candidatos encarnan el rechazo al modelo socialista que gobernó Bolivia durante casi dos décadas.

La segunda vuelta será más que una elección: será el cierre definitivo de un ciclo político. Bolivia, como Ecuador, parece estar despertando de la pesadilla populista. La región observa con atención. ¿Será este el inicio de una nueva era democrática en los Andes?

Este fin de semana, Colombia perdió a uno de sus hijos más comprometidos con la transformación del país. Miguel Uribe Turbay, abogado, político y servidor público, falleció dejando tras de sí una trayectoria marcada por la convicción, el trabajo incansable y una fe profunda en el poder de las instituciones para cambiar vidas.

Heredero de una historia familiar atravesada por el dolor y la política, Miguel Uribe no se conformó con ocupar un lugar en la esfera pública por tradición. Lo hizo por vocación. Desde sus primeros pasos como concejal de Bogotá, hasta su papel como senador y líder de opinión, Uribe Turbay se destacó por su defensa de la democracia, la legalidad y la lucha contra la corrupción. Su discurso no era solo técnico: era profundamente ético.

Una vida dedicada al servicio

Miguel Uribe se formó como abogado en la Universidad de los Andes y complementó sus estudios en Harvard y Georgetown, pero su mayor escuela fue el país que recorrió, escuchó y defendió. Como Secretario de Gobierno de Bogotá, impulsó políticas de seguridad ciudadana, fortalecimiento institucional y diálogo social. En el Senado, se convirtió en una voz firme frente a los abusos del poder, y en un puente entre sectores que rara vez se escuchan.

Su estilo era directo, pero nunca agresivo. Su visión de país combinaba modernización con justicia social, y su defensa de la libertad siempre estuvo acompañada por una preocupación genuina por los más vulnerables.

Más allá de la política

Miguel Uribe también fue esposo, padre, amigo. Quienes lo conocieron destacan su generosidad, su capacidad de escucha y su sensibilidad frente al sufrimiento ajeno. En medio de un clima político cada vez más polarizado, él apostó por el diálogo, por la construcción de consensos y por una Colombia que no se rinda ante el cinismo.

Su muerte deja un vacío en el debate público, pero también una responsabilidad para quienes creemos que la política puede ser una herramienta de transformación. Miguel Uribe Turbay no fue perfecto, pero fue profundamente humano. Y eso, en tiempos como estos, es revolucionario.

Hoy lo recordamos no solo por sus cargos, sino por su causa: la de un país más justo, más transparente, más digno. Que su memoria nos inspire a seguir construyendo, denunciando, soñando. Que su ejemplo nos recuerde que la política no es solo poder, sino servicio.

Desde Criterio Público, enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas. Y reafirmamos nuestro compromiso con el tipo de país que Miguel Uribe soñó: uno donde la verdad, la justicia y la esperanza no sean excepciones, sino norma.

Lo que comenzó como una coalición progresista con promesas de transformación social, hoy se tambalea bajo el peso de sus propias contradicciones. El Pacto Histórico, que en 2022 logró convertirse en la bancada más votada del Congreso colombiano, enfrenta una crisis de legitimidad marcada por escándalos de corrupción, pérdida de liderazgo y desorden legislativo. En este contexto, es legítimo preguntarse si los ciudadanos deben seguir respaldando una fuerza que ha demostrado más improvisación que institucionalidad.

1. Congresistas bajo investigación

El Consejo de Estado recibió una demanda contra 28 congresistas del Pacto Histórico, solicitando la pérdida de investidura por presunta violación al régimen de conflicto de intereses A. Entre los señalados están figuras como María José Pizarro, Isabel Zuleta, Alirio Uribe y Gloria Inés Flórez. Se les acusa de promover reformas constitucionales que buscan eliminar sanciones por violar los topes de financiación electoral, afectando directamente la transparencia democrática.

2. Reemplazos sin legitimidad

La bancada ha perdido a sus líderes más visibles: Roy Barreras, Gustavo Bolívar, Alexander López y Piedad Córdoba. Sus reemplazos —como Sonia Bernal y Carlos Benavides— son figuras desconocidas, sin peso político ni trayectoria legislativa B. En muchos casos, han sido vinculados a clientelismo o financiación irregular, debilitando la capacidad del Congreso para tramitar reformas con seriedad.

3. Desorden legislativo y fracturas internas

La falta de cohesión ha llevado al fracaso de iniciativas clave como la reforma laboral, la reforma política y la ley de jurisdicción agraria C. Incluso dentro del Pacto Histórico, los congresistas reconocen que hay indisciplina, dispersión de proyectos y ausencia de liderazgo. La coalición ha cedido sus banderas a la oposición, perdiendo protagonismo en comisiones estratégicas.

4. Narrativas incendiarias y presión institucional

El presidente Gustavo Petro ha calificado decisiones judiciales como “golpes de Estado” y ha presionado públicamente a la Corte Constitucional para aprobar reformas D. Esta actitud ha generado un clima de confrontación entre poderes, debilitando la independencia judicial y la institucionalidad democrática.

¿Por qué deben perder curules?

• Porque han traicionado el mandato ciudadano con prácticas que contradicen sus promesas de transparencia.
• Porque han debilitado el Congreso con figuras sin preparación ni legitimidad.
• Porque han promovido reformas que benefician intereses políticos, no al país.
• Porque han convertido el discurso del cambio en una retórica sin resultados.

El Congreso necesita voces críticas, sí, pero también necesita rigurosidad, ética y capacidad legislativa. El Pacto Histórico ha demostrado que no está a la altura de ese reto. En 2026, los ciudadanos tienen la oportunidad de recuperar el equilibrio institucional y exigir que las curules sean ocupadas por quienes legislan con carácter, no con cálculo.

En un país que enfrenta desafíos estructurales en seguridad, institucionalidad y crecimiento económico, el Centro Democrático se presenta como una fuerza política con experiencia, visión y resultados. Más allá de la controversia, su legado en el Congreso y en el Ejecutivo ha dejado huellas concretas que merecen ser reconocidas y fortalecidas en las urnas.

1. Seguridad democrática: resultados medibles

Durante los gobiernos liderados por el Centro Democrático, Colombia vivió una reducción histórica en indicadores de violencia:

• Homicidios totales bajaron de 28,837 en 2002 a 15,459 en 2010 (−46%) A.
• Secuestros disminuyeron un 90%, y los ataques terroristas un 71%.
• Se logró la desmovilización de más de 30,000 combatientes y el fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Estos logros no fueron solo cifras: devolvieron la gobernabilidad a regiones abandonadas y permitieron el ejercicio democrático en zonas antes controladas por grupos armados.

2. Confianza inversionista: crecimiento con reglas claras

El Centro Democrático ha defendido una economía de mercado con responsabilidad social:

• Promoción de inversión privada nacional e internacional.
• Transparencia en contratos públicos y relaciones laborales.
• Defensa del capital productivo frente al estatismo improductivo A.

Durante sus periodos de gobierno, Colombia alcanzó crecimientos del PIB superiores al 7%, atrajo inversión extranjera directa y fortaleció el emprendimiento.

3. Institucionalidad y oposición firme

En los últimos años, el Centro Democrático ha sido la principal fuerza de oposición frente a propuestas que, según sus voceros, amenazan el equilibrio democrático:

• Denuncias sobre el debilitamiento de la justicia y la separación de poderes B C.
• Defensa del Estado de derecho ante intentos de constituyente y concentración de poder.
• Gira internacional para denunciar lo que consideran una persecución política contra Álvaro Uribe, apelando a garantías judiciales y respeto institucional C.

4. Renovación con identidad

El partido ha impulsado nuevas figuras con liderazgo regional, participación juvenil y alternancia de género. Su estructura territorial sigue activa, con presencia en más de 100 alcaldías, 40 diputaciones y 1,800 concejales D.

¿Por qué apoyar al Centro Democrático en 2025?

Porque representa una visión de país basada en:

• Orden sin autoritarismo
• Libertad económica con responsabilidad
• Institucionalidad sin populismo
• Seguridad como derecho humano

En tiempos de incertidumbre, el Centro Democrático ofrece curules con carácter, capaces de legislar con rigor, fiscalizar con firmeza y construir desde la experiencia.

Los falsos positivos son una tragedia que merece justicia. Pero ¿por qué los “progresistas” de Petro callan ante los crímenes sistemáticos de las FARC? ¿Por qué 18.000 niños reclutados, violados y usados como carne de cañón no merecen ni una sola marcha, ni un solo hashtag?

La doble moral como estrategia política

La izquierda petrista ha convertido los falsos positivos en su bandera moral. Y con razón: fueron crímenes atroces que deben ser juzgados. Pero lo que resulta repugnante es su silencio absoluto frente a los crímenes de las FARC. No hay pronunciamientos, no hay indignación, no hay exigencias de justicia.

• 18.000 niños reclutados por las FARC.
• Miles de menores violados, entrenados para matar, usados como escudos humanos.
• Cientos de testimonios ignorados por la JEP y por los “defensores de derechos humanos”.

Para los izquierdopatas de Petro, estos crímenes no existen. Son una “baratija histórica”, un daño colateral que no merece atención. Su narrativa es clara: si no sirve para atacar al uribismo, no importa.

La apología selectiva

Mientras hacen apología de los 6.402 falsos positivos, los crímenes de las FARC son relativizados, minimizados o directamente negados. ¿Por qué?

• Porque los victimarios son ahora aliados políticos.
• Porque el relato de “paz” exige borrar el pasado incómodo.
• Porque la izquierda necesita mártires, no verdugos.

Esta postura no es ética. Es propaganda.

¿Justicia o ideología?

La justicia no puede ser selectiva. No puede indignarse solo cuando conviene políticamente. Si los falsos positivos merecen condena, los crímenes de las FARC también. Y si los niños reclutados no generan marchas, es porque la izquierda ha perdido el alma.

• No hay justicia sin memoria completa.
• No hay paz sin verdad incómoda.
• No hay ética en callar ante el dolor de miles de niños.

Los falsos positivos no son excusa para justificar el terrorismo.
Y el silencio frente a los crímenes de las FARC es complicidad.

Gustavo Petro no está innovando: está repitiendo. Su modelo no es el cambio, es el calco. Cada paso que da lo acerca más al libreto chavista, disfrazado de justicia social. ¿Hasta cuándo vamos a llamar “progresismo” a lo que es, en realidad, populismo autoritario?

El guion ya lo conocemos

Petro no está improvisando. Está siguiendo un manual que ya devastó a Venezuela. Su discurso, sus reformas, su confrontación constante con las instituciones, su afán de concentrar poder, todo remite al mismo libreto que usaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro para destruir la democracia desde adentro.

• Deslegitimar al Congreso y a la justicia.
• Militarizar el discurso político.
• Polarizar al país entre “pueblo” y “oligarquía”.
• Prometer una revolución ética mientras se acumula poder.

Cada una de estas tácticas fue usada por Chávez en los años 2000. Hoy Petro las recicla con otro nombre: “socialismo progresista”.

El progresismo como fachada

El llamado “socialismo del siglo XXI” no es más que una estrategia de marketing político. Se presenta como inclusivo, moderno, defensor de derechos, pero en la práctica:

• Destruye la institucionalidad.
• Persigue a la prensa crítica.
• Premia la lealtad ideológica sobre la competencia técnica.
• Divide a la sociedad para gobernar sobre el conflicto.

Petro no está construyendo un país más justo. Está sembrando las bases de un régimen personalista, donde el Estado se subordina al líder y la crítica se convierte en traición.

Colombia no es Venezuela, pero va en camino

Quienes hoy defienden a Petro como un reformador valiente ignoran —o prefieren ignorar— que Chávez también empezó así. Con promesas de justicia, con discursos contra la corrupción, con apelaciones al pueblo. El resultado fue una dictadura que destruyó la economía, exilió a millones y convirtió la política en culto.

• Petro ataca a los medios, como Chávez.
• Petro desprecia los contrapesos, como Chávez.
• Petro quiere reescribir la historia, como Chávez.

El socialismo progresista es una estafa

No hay nada progresista en destruir la democracia. No hay nada moderno en repetir los errores del pasado. Y no hay nada ético en usar la pobreza como excusa para concentrar poder.

Petro no está cambiando a Colombia.
La está deformando.
Y si no reaccionamos, el chavismo tendrá una nueva sede en Bogotá.