Criterio Público.

Criterio Público

En la Asamblea General de la ONU, Gustavo Petro alzó la voz con fuerza contra el genocidio en Gaza. Lo llamó por su nombre: “genocidio” A. Denunció los misiles, la muerte de miles de civiles, y exigió justicia internacional. Su tono fue grave, su gesto solemne, su narrativa poderosa. Pero en esa misma tribuna, donde el mundo escucha, Petro eligió el silencio frente a otras tragedias que también claman por justicia.

¿Por qué Gaza sí, pero Nigeria no? ¿Por qué la muerte de 70,000 palestinos merece condena, pero el exterminio sistemático de casi 50,000 cristianos en Nigeria —según cifras de organizaciones internacionales— no merece ni una línea en su discurso? ¿Por qué la violencia en el Caribe colombiano, que él mismo comparó con Gaza B, no ha recibido la misma urgencia diplomática?

La respuesta no está en la moral, sino en la conveniencia.

La indignación selectiva como estrategia

Petro ha convertido la tragedia en herramienta política. Su discurso ante la ONU fue una pieza de alto voltaje retórico, pero también una operación de geometría variable: el dolor se mide según el rédito político. Gaza sirve para confrontar a Trump, para posicionarse como líder del Sur Global, para agitar la narrativa antiimperialista. Nigeria, en cambio, no encaja. No hay dividendos ideológicos en denunciar el exterminio cristiano si eso incomoda a aliados africanos o contradice la narrativa progresista.

Lo mismo ocurre con la migración. Cuando Biden deportó a más de 35,000 inmigrantes colombianos y caribeños, Petro guardó silencio. No hubo indignación, ni llamados a la justicia, ni discursos en la ONU. Pero cuando la administración de Alex endureció las políticas migratorias, Petro reaccionó con fuerza. ¿La diferencia? Biden era aliado. Alex no.

Cortinas de humo y omisiones calculadas

La politización del dolor no es solo una estrategia internacional. También sirve para desviar la atención de las crisis internas. Mientras Petro denunciaba misiles en Gaza, en Colombia se disparaban los homicidios, se estancaban los procesos de paz, y se multiplicaban las masacres rurales. Mientras hablaba de migrantes en el Caribe, su gobierno enfrentaba escándalos por corrupción, por manejo opaco de fondos públicos, y por el desmonte de programas sociales.

La indignación internacional se convierte así en cortina de humo. Una forma de proyectar liderazgo mientras se evita rendir cuentas en casa.

¿Dónde está la coherencia?

No se trata de negar la tragedia de Gaza. Se trata de exigir coherencia. Si el dolor humano es universal, ¿por qué se denuncia solo cuando conviene? Si la vida palestina merece defensa, ¿por qué la vida cristiana en Nigeria no? Si la migración es un derecho, ¿por qué se calla cuando los deportados vienen de Colombia?

Petro ha demostrado ser un hábil orador, pero también un calculador político. Su discurso en la ONU fue una obra de teatro diplomático: potente, emotiva, pero selectiva. Y en esa selectividad se revela una verdad incómoda: el dolor, para algunos líderes, no es un principio. Es una herramienta.

Criterio Público

La dignidad no se declama en otro país mientras el propio se desangra. Esta semana, Colombia presenció un acto que no solo revela incoherencia política, sino una profunda traición simbólica: tras la cancelación de su visa estadounidense, una figura pública decidió viajar al extranjero para encabezar protestas y pronunciar discursos sobre “dignidad”. Todo esto mientras el país vive una de sus peores crisis de seguridad en años.

La retirada de la visa no fue un trámite menor. Fue una advertencia internacional sobre el deterioro ético de quien pretende representar al pueblo pero no responde por él. Y en lugar de enfrentar la realidad nacional, se optó por el escapismo diplomático: cambiar de escenario, buscar micrófonos indulgentes, y seguir construyendo una narrativa de víctima que ya no convence.

Mientras tanto, Colombia duele. Los homicidios aumentan, las extorsiones se multiplican, y el miedo se instala en cada esquina. ¿Dónde está el liderazgo que prometió transformación? ¿Dónde está la presencia política que juró no abandonar al pueblo?

Hablar de dignidad en otro idioma mientras se evade la responsabilidad en casa es una vergüenza. Es convertir la política en espectáculo, la protesta en performance, y la representación en simulacro. Colombia no necesita mártires de aeropuerto ni discursos en exilio. Necesita presencia, coherencia y coraje.

Porque la dignidad, si es real, se ejerce en el lugar del dolor. No se grita desde lejos. Se encarna aquí, donde el pueblo espera respuestas.

Redacción Criterio Público
Investigación especial

A medida que se aproxima el ciclo electoral de 2026, el gobierno de Gustavo Petro ha transformado el aparato estatal en una plataforma narrativa que refuerza su proyecto político. Lo que antes eran canales técnicos de información ministerial, hoy operan como altavoces simbólicos de una visión de país que busca continuidad. Esta estrategia, cuidadosamente estructurada, convierte cada ministerio en una pieza clave de una campaña anticipada que se despliega desde el corazón del Estado.

De la función pública al relato político

Los ministerios colombianos han adoptado un lenguaje homogéneo que gira en torno a los conceptos de “transformación”, “potencia mundial de la vida” y “Gobierno del cambio”. Esta narrativa no es decorativa: es funcional, estratégica y profundamente política. Cada cartera, desde su competencia técnica, ha sido reconfigurada para amplificar el discurso presidencial.

• Salud promueve el modelo de atención territorial como “revolución preventiva”, vinculando cobertura médica con justicia social.
• Educación difunde contenidos sobre “emancipación pedagógica” y “educación popular”, enmarcados en el cambio estructural.
• Cultura organiza eventos bajo el lema de “la cultura como herramienta de paz”, reforzando el discurso de reconciliación nacional.
• Agricultura presenta testimonios de campesinos que celebran el “Gobierno del cambio”, en piezas audiovisuales institucionales.
• Minas y Energía comunica la transición energética como una “ruptura con el modelo extractivista”, en línea con la narrativa presidencial.

Aplicaciones oficiales: interfaz técnica, contenido político

Las aplicaciones móviles de los ministerios, diseñadas para facilitar trámites y acceso ciudadano, han evolucionado hacia plataformas editoriales que incluyen cápsulas informativas, visualizaciones de logros y banners con mensajes alineados al discurso de Petro. Aunque no se trata de propaganda explícita, el tono, la selección de contenidos y la estética refuerzan una identidad política que trasciende la función administrativa.

Ejemplos notables incluyen:

• La app del Departamento Nacional de Planeación muestra mapas interactivos sobre inversión social, acompañados de frases como “redistribución territorial para la justicia”.
• La plataforma del Ministerio de las TIC vincula la alfabetización digital con la “democratización del conocimiento”, enmarcando la conectividad como herramienta de transformación.
• El Ministerio de Vivienda presenta cifras de subsidios bajo el lema “la vivienda digna como derecho”, con referencias al modelo de equidad del Gobierno.

Campaña anticipada desde el Estado

Más allá de la gestión pública, el gobierno ha activado una estrategia territorial que involucra sindicatos, movimientos sociales y bases comunitarias. La propuesta de una consulta popular, la fusión de partidos afines y la activación de redes locales refuerzan la hipótesis de una campaña anticipada. En este contexto, los ministerios no solo ejecutan políticas: se convierten en dispositivos simbólicos que proyectan continuidad.

Cada boletín, cada video, cada aplicación contribuye a consolidar una narrativa de poder que busca trascender el mandato actual. La institucionalidad se convierte en escenario de disputa simbólica, donde el Estado opera como partido.

Límites éticos y responsabilidad democrática

El uso de recursos públicos para reforzar una identidad política plantea dilemas éticos de alto calibre. ¿Es legítimo que los canales oficiales adopten una narrativa partidista? ¿Dónde termina la comunicación institucional y comienza la campaña? ¿Qué mecanismos existen para garantizar la neutralidad del Estado frente a los ciclos electorales?

En una democracia robusta, la transparencia no solo se mide en cifras, sino en la claridad de los límites entre gobierno y proyecto político. La arquitectura comunicacional de Petro exige vigilancia ciudadana, análisis crítico y responsabilidad institucional.

Investigación exclusiva – Criterio Público

En medio de un déficit fiscal reconocido por el propio presidente Gustavo Petro, el Gobierno colombiano ha intensificado el uso de recursos públicos para difundir mensajes oficiales a través de más de 170 entidades estatales. Esta estrategia, que incluye contratos millonarios con medios públicos como RTVC y publicaciones sincronizadas en redes institucionales, ha despertado preocupación entre juristas, analistas y ciudadanos que denuncian una campaña de propaganda encubierta.

Difusión masiva desde entidades técnicas

Según una denuncia radicada ante la Procuraduría General de la Nación por el ciudadano Hernán Cortés, entidades como el Servicio Geológico Colombiano y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) han publicado mensajes políticos en sus redes oficiales, replicando alocuciones presidenciales y defendiendo posturas del Ejecutivo. “El Gobierno ha utilizado estas cuentas para hacer propaganda oficial, tapar sus escándalos de corrupción y mover su agenda. Eso es sencillamente ilegal e inconstitucional”, afirmó Cortés.

Contratos millonarios con medios públicos

Un informe revelado por La Puya Radio y El Espectador indica que el Gobierno ha destinado más de 131.000 millones de pesos en contratos de publicidad desde agosto de 2022. Solo en 2024, el gasto superó los 63.000 millones, distribuidos entre RTVC, Canal Trece y Telecafé. El contrato más costoso fue suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras y RTVC por 20.700 millones de pesos, con el objetivo de “posicionar la imagen institucional” en medio de las críticas por la reforma agraria.

Activismo digital sincronizado

Durante las extensas alocuciones presidenciales —algunas de hasta tres horas— Criterio Público ha documentado cómo, antes de finalizar el discurso, decenas de cuentas institucionales y perfiles de activistas afines al Gobierno ya estaban publicando extractos, frases y gráficos alineados con la narrativa presidencial. Esta sincronización sugiere una estrategia coordinada de difusión que va más allá del ejercicio informativo.

¿Manipulación o comunicación legítima?

Expertos en derecho administrativo advierten que el uso de entidades técnicas para emitir juicios políticos vulnera el principio de neutralidad institucional. “Cuando una entidad como el Servicio Geológico publica frases como ‘desfalcaron al Estado y afectaron a los colombianos’, está cruzando la línea entre información y propaganda”, señala el constitucionalista Andrés Ríos.

El canal del Estado como plataforma política

RTVC, canal público financiado con recursos del Estado, ha sido uno de los principales vehículos de esta estrategia. Aunque su misión es garantizar pluralidad informativa, los contratos vigentes y la línea editorial actual reflejan una concentración de contenidos favorables al Gobierno. La falta de equilibrio informativo ha sido denunciada ante el Consejo Nacional Electoral, que aún no ha emitido una resolución al respecto.

Sobre esta nota
Esta investigación revela cómo el Gobierno colombiano, en medio de una crisis fiscal, ha intensificado el uso de entidades públicas para difundir mensajes políticos, comprometiendo la neutralidad institucional y el uso responsable de los recursos del Estado.

Por Miguel López – Investigación exclusiva para Criterio Público

La investigación penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, ha dejado de ser un asunto estrictamente judicial. En las últimas semanas, Criterio Público ha recopilado testimonios, documentos y declaraciones que apuntan a una preocupante interferencia desde la Casa de Nariño en el curso del proceso que lidera la fiscal Lucy Laborde. A esto se suma una serie de maniobras internas en la Fiscalía General de la Nación que, según fuentes consultadas, podrían estar saboteando el trabajo de la fiscal del caso.

Narrativa presidencial sin pruebas

El presidente Gustavo Petro ha acusado públicamente a la fiscal Laborde de entregar información reservada del proceso a la periodista Vicky Dávila, vinculándola con intereses políticos de la oposición. Sin embargo, Criterio Público revisó los registros judiciales y no encontró evidencia que respalde esa afirmación.

Tres fuentes cercanas al proceso, incluyendo un exfuncionario de la Fiscalía y dos asesores jurídicos que pidieron reserva de identidad, coinciden: “No hay pruebas de filtración. Lo que hay es una narrativa presidencial que busca desacreditar el proceso penal”. Una de las fuentes agregó: “El presidente está usando su investidura para blindar políticamente a su hijo. Es una estrategia de presión institucional”.

Fiscal Laborde bajo fuego interno

El 20 de septiembre, la fiscal Lucy Laborde envió una carta confidencial a la fiscal general Luz Adriana Camargo, denunciando presiones indebidas, reuniones intempestivas y la sorpresiva asignación de una fiscal de apoyo justo antes de una nueva imputación contra Nicolás Petro. Según documentos obtenidos por Criterio Público, Laborde consideró esta maniobra como un intento de “desplazarla del caso” y “diluir la línea investigativa”.

Aunque Camargo revocó la designación tras el escándalo mediático, fuentes internas afirman que “la fiscal general está saboteando el trabajo de Laborde de forma encubierta, debilitando su autonomía y favoreciendo una narrativa de victimización presidencial”.

Petro se declara víctima del proceso

En una jugada jurídica sin precedentes, el presidente solicitó ser reconocido como víctima en el proceso, alegando que el fiscal Mario Burgos lo interrogó sin competencia constitucional. El abogado Alejandro Carranza, quien representa tanto a Nicolás Petro como al presidente, sostiene que “la Fiscalía está siendo instrumentalizada para atacar la unidad nacional”.

Sin embargo, constitucionalistas consultados por este medio advierten que esta solicitud podría ser una estrategia para deslegitimar el proceso desde adentro. “No es común que un presidente se declare víctima en un caso que involucra a su hijo. Es una forma de blindaje institucional”, señala la jurista Laura Medina.

¿Defensa legítima o presión indebida?

Mientras Nicolás Petro guarda silencio público, su padre ha asumido un rol activo en la narrativa del caso, cuestionando a la Fiscalía, a los medios y al sistema judicial. La línea entre la defensa familiar y la interferencia institucional se vuelve cada vez más difusa.

Este episodio plantea una pregunta de fondo: ¿puede un presidente defender a su hijo sin comprometer la independencia de la justicia? En un país donde la separación de poderes es frágil y la polarización intensa, la respuesta no es jurídica, sino profundamente política.

Redacción Criterio Público

En un momento en que la derecha colombiana necesita cohesión, estrategia y visión de país, Vicky Dávila —periodista y precandidata presidencial— ha optado por una ruta que muchos consideran contraproducente: atacar con insistencia a Abelardo De La Espriella, otro aspirante del mismo espectro ideológico. Lo que podría haber sido un debate de ideas se ha convertido en una campaña de descalificaciones que amenaza con fracturar el bloque conservador.

¿Periodismo o pugilato político?

Dávila, reconocida por su trayectoria en medios, ha trasladado su estilo incisivo al terreno electoral. Pero en lugar de usarlo para confrontar al gobierno de Gustavo Petro o para articular propuestas, lo ha dirigido contra De La Espriella, acusándolo de ostentación, vínculos cuestionables y falta de ética.

Aunque el escrutinio entre candidatos es legítimo, el tono de Dávila —más cercano al regaño que al argumento— ha generado incomodidad incluso entre sus simpatizantes. ¿Es esta la forma en que se construye una alternativa seria? ¿O estamos ante una estrategia que prioriza el protagonismo personal sobre el proyecto colectivo?

El dilema ético: ¿quién pone las reglas?

Dávila ha insistido en que “no se puede gobernar sin ética”, una afirmación que, aunque válida, parece aplicada de forma selectiva. Al rechazar cualquier alianza con De La Espriella, no por diferencias programáticas sino por juicios personales, la periodista se erige como árbitro moral de la derecha. Pero ¿quién decide qué es ético y qué no? ¿Y qué pasa cuando esa vara se usa para excluir, no para construir?

El costo de la división

Mientras la izquierda se reorganiza y el centro busca reposicionarse, la derecha corre el riesgo de autodestruirse por vanidad interna. Los ataques de Dávila no solo debilitan a un competidor, sino que erosionan la credibilidad del bloque conservador. En lugar de sumar, restan. En lugar de elevar el debate, lo empobrecen.

La ciudadanía espera propuestas, no peleas. Espera liderazgo, no egos. Y si la derecha no logra articular una narrativa común, será difícil que convenza a un electorado cada vez más escéptico.

¿Hay salida?

Sí, pero requiere madurez política. Dávila tiene el derecho de cuestionar, pero también la responsabilidad de construir. Si su objetivo es dignificar la política, debe empezar por dignificar el debate. Y eso implica reconocer que la unidad no se logra con exclusiones, sino con acuerdos.

La derecha no necesita una inquisidora. Necesita una estratega.

Investigación exclusiva de Criterio Público

En una serie de entrevistas realizadas por Criterio Público en zonas de alta conflictividad como el Cauca y el Catatumbo, soldados activos del Ejército Nacional revelaron las condiciones precarias, el abandono institucional y la desprotección que enfrentan bajo el actual gobierno de Gustavo Petro. Los testimonios, recogidos durante agosto y septiembre de 2025, evidencian una crisis silenciosa que afecta a quienes están en primera línea de defensa del país.

Testimonios desde el terreno

Carlos*, con 12 años de servicio, ha participado en operaciones en el suroccidente del país. En conversación con nuestro equipo, fue contundente:

“Nos mochan las alas para defendernos. Si respondemos al fuego, nos investigan. Si no lo hacemos, nos matan. Nos mandan a morir sin respaldo.”

Andrés*, soldado de 24 años herido en una emboscada en Nariño, relató su experiencia tras quedar atrapado en zona rural sin atención médica:

“Estuve tres días sin traslado. Me atendieron en un puesto de salud sin insumos. No hay psicólogos, no hay seguimiento. Nos están dejando morir, literal.”

Ambos coinciden en que la política de “paz total” ha generado confusión operativa, debilitamiento táctico y una sensación de vulnerabilidad constante.

“Ya no sabemos si estamos en guerra o en tregua. Pero los grupos armados sí saben que están en guerra contra nosotros”, afirma Carlos.

Cifras que respaldan el abandono

Según datos del Ministerio de Defensa, entre enero y agosto de 2025 se registraron 67 muertes de uniformados en emboscadas, la mayoría en zonas donde el Estado ha perdido presencia territorial. En el Cauca, solo entre abril y julio, se reportaron 21 bajas militares en enfrentamientos con disidencias de las FARC.

La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas sobre el aumento de ataques a la Fuerza Pública, mientras que informes de la Fundación Paz & Reconciliación advierten que los grupos armados ilegales han expandido su control territorial en al menos 35 municipios desde 2023.

Desmoralización y silencio oficial

Los soldados entrevistados por Criterio Público también denunciaron retrasos en pagos, falta de dotación básica y ausencia de acompañamiento psicológico.

“No hay chalecos, no hay cascos, no hay helicópteros. Y lo peor: no hay reconocimiento. Morimos en silencio”, dice Andrés.

A pesar del aumento en muertes y ataques, el gobierno ha mantenido silencio institucional. No hay homenajes públicos, ni visitas ministeriales a los batallones afectados. La narrativa oficial se centra en el diálogo, mientras los soldados enfrentan una guerra sin respaldo.

¿Quién protege a quienes nos protegen?

La investigación de Criterio Público revela una paradoja dolorosa: mientras el Estado promueve una política de reconciliación, los soldados son enviados a zonas de guerra sin garantías mínimas. La desprotección no es solo táctica, es humana.

En un país que aún enfrenta múltiples amenazas armadas, la vida de los soldados no puede ser moneda de cambio política. Ignorar su sacrificio es una traición al deber más básico del Estado: proteger a quienes lo protegen.

Los nombres han sido modificados para proteger la identidad de los entrevistados. Investigación realizada por el equipo de campo de Criterio Público entre agosto y septiembre de 2025.

Por Miguel López
Dirección editorial de Criterio Público
Especialista en comunicación estratégica, análisis nacional.