Por Redacción Criterio Público
1 de octubre de 2025
En Colombia, la infraestructura ha sido históricamente el motor del desarrollo territorial, la conectividad productiva y la generación de empleo. Sin embargo, bajo el gobierno de Gustavo Petro, ese motor parece haberse apagado. A pesar de los discursos progresistas y las promesas de transformación, el país enfrenta una preocupante desaceleración en obras clave, una fragmentación en la inversión pública y una apuesta ideológica que ha dejado en el limbo proyectos estratégicos.
De autopistas a caminos terciarios: ¿retroceso o inclusión?
Desde el inicio de su mandato, Petro ha criticado abiertamente el modelo de concesiones viales, acusándolo de favorecer intereses privados. Esta postura se tradujo en el congelamiento de tarifas de peajes en 2023, una medida popular pero financieramente desastrosa: dejó sin recursos a múltiples obras de cuarta y quinta generación, generando litigios con concesionarios y paralizando tramos clave A.
En lugar de avanzar en grandes autopistas interdepartamentales —que generan más de 200.000 empleos al año— el gobierno redirigió su enfoque hacia vías terciarias con el programa “Caminos Comunitarios para la Paz”. Aunque ha intervenido cerca de 1.500 kilómetros rurales, el impacto económico y logístico de estas obras es limitado frente a las necesidades de conectividad nacional A.
El tren como símbolo: inversión sin articulación
Petro ha apostado por la reactivación del sistema férreo como emblema de su gestión. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reportó una inversión proyectada de 60 billones de pesos para corredores estratégicos como La Dorada–Chiriguaná y Buenaventura–Cali B. Aunque la movilización de carga aumentó, el sistema sigue siendo marginal frente al transporte por carretera, y no existe una articulación clara con puertos, centros logísticos ni redes urbanas.
Además, la inversión férrea ha sido desigual: mientras algunos tramos reciben atención, otros permanecen abandonados. La falta de planificación integral y la ausencia de resultados visibles en pasajeros o intermodalidad cuestionan la eficacia de esta apuesta.
Obras sociales: dispersas y sin impacto estructural
Según Prosperidad Social, el gobierno ha entregado 311 obras comunitarias en dos años, con una inversión de 559.000 millones de pesos C. Sin embargo, se trata de proyectos dispersos —plazas de mercado, puentes menores, vías urbanas— que, aunque valiosos para comunidades locales, no representan un avance estructural en infraestructura nacional.
La falta de grandes obras emblemáticas, de corredores logísticos modernos o de megaproyectos energéticos y tecnológicos, deja al país sin una visión de futuro. Colombia no solo ha perdido ritmo frente a sus vecinos, sino que ha retrocedido en competitividad.
¿El peor gobierno en infraestructura?
La afirmación de que este ha sido el peor gobierno en materia de infraestructura no es solo una crítica editorial: es una conclusión respaldada por los vacíos en ejecución, la fragmentación de la inversión, el abandono de modelos probados y la falta de resultados tangibles. Petro prometió una “Colombia potencia de la vida”, pero ha entregado una Colombia sin autopistas, sin aeropuertos modernos, sin conectividad digital robusta y sin visión territorial.
La infraestructura no es ideología: es progreso. Y hoy, ese progreso está detenido.
Criterio Público. 