Criterio Público.

Por Redacción Criterio Público

8 de octubre de 2025

Desde que Gustavo Petro llegó al poder, Colombia ha entrado en una espiral de desorden institucional que se disfraza de participación democrática. Lo que antes eran marchas pacíficas con reclamos ciudadanos legítimos, hoy se han convertido en escenarios de confrontación, vandalismo y permisividad estatal. El gobierno no solo ha tolerado el caos: lo ha financiado, lo ha premiado y lo ha convertido en herramienta política.

La decisión de respaldar económicamente a la llamada Primera Línea marcó un antes y un después. Petro, que en su momento defendió a estos grupos como “expresiones populares”, hoy les otorga recursos públicos mientras la ciudadanía observa cómo se desmorona el principio de autoridad. Los enfrentamientos con la fuerza pública se han normalizado, los escudos de la policía son ahora blancos de agresión, y los uniformados operan sin respaldo institucional. El mensaje es claro: el Estado ya no protege el orden, lo sabotea.

En este nuevo escenario, los delincuentes se camuflan entre los manifestantes, sabiendo que el gobierno los ampara bajo el discurso de la protesta legítima. Las calles se han convertido en trincheras ideológicas, donde el caos se celebra y el respeto por la ley se diluye. Petro no ha construido gobernabilidad: ha institucionalizado la confrontación.

Cada día en Colombia se vive una nueva escena de descontrol. No hay garantías para el ciudadano común, no hay respeto por la autoridad, no hay límites claros entre la protesta y el delito. El gobierno aplaude el incendio mientras la sociedad se consume en él. Y lo más grave: lo hace en nombre de una supuesta transformación que, lejos de construir, destruye.