Criterio Público.

Por Redacción Criterio Público
3 de octubre de 2025

Desde el inicio del mandato de Gustavo Petro, Colombia ha sido testigo de una preocupante escalada de violencia urbana, saqueos y destrucción sistemática de infraestructura pública y privada. Bajo el discurso de la “protesta legítima”, el gobierno ha tolerado —y en algunos casos, legitimado— acciones que sobrepasan los límites del derecho a la manifestación, permitiendo que grupos como la autodenominada Primera Línea operen con impunidad en las calles.

De la protesta al saqueo: una línea que se ha desdibujado

Lo que comenzó como una expresión ciudadana frente a decisiones gubernamentales se ha transformado en una dinámica de confrontación permanente. En múltiples ciudades, se han documentado ataques a estaciones de transporte público, destrucción de mobiliario urbano, saqueo de establecimientos comerciales y agresiones a la fuerza pública. Las imágenes de jóvenes encapuchados vandalizando tiendas, incendiando vehículos oficiales y bloqueando vías se han vuelto parte del paisaje cotidiano.

La Primera Línea, inicialmente presentada como un grupo de defensa civil, ha evolucionado en muchos casos hacia estructuras organizadas con tácticas de confrontación, uso de armas artesanales y coordinación logística. Diversos sectores han calificado sus acciones como actos de terrorismo urbano, mientras el gobierno insiste en mantener canales de diálogo con sus voceros.

Infraestructura en ruinas: el precio de la omisión

Las consecuencias materiales son evidentes. Estaciones de TransMilenio destruidas, centros administrativos saqueados, monumentos públicos derribados y redes de servicios básicos interrumpidas. Según cifras de gremios empresariales y alcaldías locales, los daños acumulados superan los cientos de miles de millones de pesos, afectando no solo la economía, sino también la calidad de vida de millones de ciudadanos.

Lo más alarmante es la falta de respuesta institucional. En lugar de condenar los hechos, el gobierno ha optado por discursos ambiguos que, lejos de frenar la violencia, la normalizan. La ausencia de acciones judiciales contundentes y el retiro de la fuerza pública en zonas críticas han generado un vacío de autoridad que ha sido aprovechado por grupos delincuenciales.

¿Gobernar desde la indulgencia?

El presidente Petro ha reiterado su compromiso con la paz y el diálogo social. Sin embargo, su administración ha sido criticada por confundir tolerancia con permisividad. La narrativa oficial parece justificar el vandalismo como una forma de resistencia, ignorando el impacto que estas acciones tienen sobre la ciudadanía, el comercio y la institucionalidad.

Mientras tanto, la violencia continúa escalando. Las ciudades se fragmentan entre zonas de control ciudadano y territorios sin ley. La confianza en el Estado se erosiona, y la sensación de impunidad se instala como norma.