Criterio Público.

Por Redacción Criterio Público

01 de octubre de 2025

Ciudad de México —
Lo que antes se denunciaba como infiltración criminal hoy se vive como institucionalidad. México ha cruzado el umbral: el narcotráfico ya no opera desde las sombras, sino desde oficinas públicas, tribunales, alcaldías y curules. El partido Morena, que prometió regeneración nacional, ha terminado por administrar el caos, pactar con el crimen y blindar la impunidad.

Narcos en el poder: jueces, alcaldes y legisladores

Desde Sinaloa hasta Guerrero, las estructuras del Estado están colonizadas por intereses criminales. Alcaldes que gobiernan bajo órdenes del cártel local, jueces que liberan capos por “falta de pruebas”, diputados que legislan con escoltas armadas. El narco ya no necesita sobornar: ahora postula, financia campañas y reparte candidaturas.

Morena: del discurso anticorrupción al silencio cómplice

El partido oficial ha sido incapaz —o simplemente no ha querido— frenar la penetración criminal. Gobernadores morenistas han sido señalados por vínculos con grupos armados, mientras el presidente minimiza la violencia con frases como “abrazos, no balazos”. La estrategia de seguridad se ha convertido en una política de omisión: no combatir, no incomodar, no investigar.

La justicia como espectáculo: impunidad garantizada

Los casos emblemáticos —Ayotzinapa, el asesinato de periodistas, las masacres en Michoacán— se diluyen en conferencias matutinas y carpetas sin resolver. La Fiscalía General opera como brazo político, y el Poder Judicial se fragmenta entre jueces honestos y operadores del crimen. La ley se aplica según conveniencia, no según evidencia.

¿Narcoestado? Sí, y con credencial electoral

México no solo convive con el crimen: lo elige. El narco financia campañas, impone candidatos y garantiza gobernabilidad en zonas donde el Estado ya no existe. Morena, lejos de erradicar esta dinámica, la ha institucionalizado. El resultado: un país donde la democracia es fachada y el crimen es gobierno.