Por Criterio Público
1 de octubre de 2025
En un giro que ha dejado perplejos a millones de colombianos, el gobierno de Gustavo Petro ha desmantelado gran parte de los programas de ayuda social que beneficiaban a las poblaciones más vulnerables, mientras canaliza recursos hacia iniciativas que, según sus críticos, premian la delincuencia. El contraste entre lo que se quitó y lo que se financia hoy genera una pregunta inevitable: ¿a quién sirve realmente el progresismo en el poder?
Recortes a la esperanza
Durante 2025, el gobierno eliminó o redujo drásticamente programas como Colombia sin Hambre, Ingreso Solidario, Renta Joven y subsidios de vivienda para familias de bajos recursos A. Estas ayudas, que representaban un alivio mínimo pero vital para millones de ciudadanos, fueron descartadas bajo el argumento de “reorientar el gasto público”.
Petro defendió esta decisión diciendo que “no me pidieron un miserable sistema de subsidios” B, en referencia a su visión de una educación pública robusta como solución estructural. Sin embargo, mientras las universidades públicas aún enfrentan problemas de cobertura y calidad, el desmonte de ayudas inmediatas ha dejado a miles sin sustento.
¿Premiar el crimen?
En paralelo, el gobierno anunció un polémico programa que ofrece hasta un millón de pesos mensuales a jóvenes en riesgo de delinquir, con el objetivo de “prevenir el crimen” C. Aunque la intención puede parecer noble, el mensaje que transmite es profundamente inquietante: mientras los jóvenes que estudian, trabajan o sirven en el Ejército reciben menos de $580.000 mensuales, quienes han estado cerca del delito son recompensados con el doble por simplemente no delinquir.
El general (r) Luis Mendieta calificó la medida como “insólita” y “una injusticia total” C. La senadora Liliana Bitar fue más directa: “Esto desincentiva enormemente a quienes sí trabajan duro para ganarse lo del diario” C.
Cárceles y presupuesto: ¿prioridades invertidas?
A esto se suma el aumento en el presupuesto destinado a infraestructura penitenciaria, mientras hospitales, vías y escuelas siguen esperando inversión. El gobierno ha priorizado la construcción y mejora de cárceles como parte de su política de “seguridad humana”, pero sin resultados visibles en reducción de violencia o reincidencia.
¿Progresismo o regresión?
La narrativa oficial habla de inclusión, paz y justicia social. Pero en la práctica, el gobierno ha desmantelado redes de apoyo para los pobres, mientras financia incentivos para quienes han estado cerca del crimen. El resultado es una política que parece castigar al ciudadano honesto y premiar al infractor.
El progresismo que prometía dignidad ha terminado por traicionar a quienes más la necesitan. Y Colombia, una vez más, paga el precio.
Criterio Público. 
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