Por Redacción Criterio Público
1 de octubre de 2025
En 2026, Colombia enfrentará una decisión que va más allá de lo político: es una cuestión de memoria, de dignidad y de justicia. El partido Comunes, heredero directo de las FARC, buscará nuevamente representación en el Congreso. Y lo hará sin haber respondido por los crímenes atroces que marcaron a generaciones enteras.
Durante más de cinco décadas, las FARC asesinaron, secuestraron, violaron, reclutaron niños, extorsionaron y desplazaron a millones de colombianos. Jóvenes fueron ejecutados en falsos positivos, mujeres violentadas en campamentos, campesinos obligados a abandonar sus tierras. Hoy, muchos de los responsables de esas atrocidades ocupan curules, reciben salario estatal y se presentan como “alternativa democrática”.
¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la reparación? ¿Dónde está el mínimo respeto por las víctimas?
El Acuerdo de Paz les dio voz, pero no les exigió verdad ni castigo. Mientras madres cabeza de hogar pierden subsidios, mientras los hospitales colapsan y las escuelas rurales se caen a pedazos, los victimarios legislan desde el Capitolio. Y ahora, con cinismo, se preparan para pedir el voto en 2026.
Colombia no puede permitirlo. No se trata de odio, se trata de memoria. De no premiar el crimen con representación. De no convertir el Congreso en refugio de impunidad.
El voto debe ser castigo, no recompensa. Porque si los verdugos vuelven por las urnas, será porque el país decidió olvidar. Y olvidar, en este caso, es traicionar.
Criterio Público. 
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