Criterio Público.

Redacción Criterio Público

29 de septiembre de 2025

Bajo el gobierno de Gustavo Petro, Colombia ha experimentado un deterioro alarmante en materia de seguridad. Los grupos armados ilegales han expandido su control territorial, económico y político, mientras los indicadores de violencia se disparan. La política de “paz total” promovida por el Ejecutivo ha derivado en una permisividad institucional que favorece a los violentos y deja a la ciudadanía en estado de indefensión.

Los datos son contundentes. Según informes del Ministerio de Defensa y medios nacionales como Semana e Infobae, los secuestros se han duplicado desde 2022. Solo en lo que va de 2025, más de 90 miembros de la fuerza pública han sido secuestrados, incluyendo 60 militares y 30 policías. El caso de El Tambo, Cauca, donde 57 soldados fueron retenidos por presuntos líderes comunitarios en medio de una operación contra disidencias, evidencia el colapso del principio de autoridad.

La extorsión también ha evolucionado. Ya no se limita al cobro físico en zonas rurales: ahora se ejecuta por medios digitales. Comerciantes, transportistas y ciudadanos reciben amenazas por WhatsApp, redes sociales y llamadas anónimas. En departamentos como Cauca, Nariño y Putumayo, el Estado ha sido reemplazado por estructuras criminales que imponen su ley.

El homicidio intencional muestra una tendencia ascendente. Más de 6.600 asesinatos se han registrado en el primer semestre de 2025, con epicentros en el Catatumbo, Arauca y el sur del país. Las masacres, los asesinatos selectivos y los enfrentamientos entre grupos armados se han convertido en rutina. La disputa por rutas del narcotráfico y el control territorial ha transformado estas regiones en zonas de guerra.

La política de paz del gobierno Petro ha sido interpretada por los grupos armados como una señal de debilidad. En lugar de exigir desarme, justicia y reparación, el Ejecutivo ha ofrecido diálogo sin condiciones. Las disidencias de las FARC, el ELN y otras facciones han aprovechado esta apertura para reorganizarse, reclutar y expandir sus operaciones. Lo que se presenta como pacifismo institucional ha terminado siendo una alfombra roja para el crimen organizado.

La ciudadanía, atrapada entre el miedo y la indiferencia oficial, exige algo más que discursos. Exige autoridad, exige justicia, exige verdad. Colombia no está en paz: está en pausa. Una pausa institucional que permite a los violentos avanzar mientras el Estado retrocede.