Criterio Público.

Redacción Criterio Público
Investigación especial

A medida que se aproxima el ciclo electoral de 2026, el gobierno de Gustavo Petro ha transformado el aparato estatal en una plataforma narrativa que refuerza su proyecto político. Lo que antes eran canales técnicos de información ministerial, hoy operan como altavoces simbólicos de una visión de país que busca continuidad. Esta estrategia, cuidadosamente estructurada, convierte cada ministerio en una pieza clave de una campaña anticipada que se despliega desde el corazón del Estado.

De la función pública al relato político

Los ministerios colombianos han adoptado un lenguaje homogéneo que gira en torno a los conceptos de “transformación”, “potencia mundial de la vida” y “Gobierno del cambio”. Esta narrativa no es decorativa: es funcional, estratégica y profundamente política. Cada cartera, desde su competencia técnica, ha sido reconfigurada para amplificar el discurso presidencial.

• Salud promueve el modelo de atención territorial como “revolución preventiva”, vinculando cobertura médica con justicia social.
• Educación difunde contenidos sobre “emancipación pedagógica” y “educación popular”, enmarcados en el cambio estructural.
• Cultura organiza eventos bajo el lema de “la cultura como herramienta de paz”, reforzando el discurso de reconciliación nacional.
• Agricultura presenta testimonios de campesinos que celebran el “Gobierno del cambio”, en piezas audiovisuales institucionales.
• Minas y Energía comunica la transición energética como una “ruptura con el modelo extractivista”, en línea con la narrativa presidencial.

Aplicaciones oficiales: interfaz técnica, contenido político

Las aplicaciones móviles de los ministerios, diseñadas para facilitar trámites y acceso ciudadano, han evolucionado hacia plataformas editoriales que incluyen cápsulas informativas, visualizaciones de logros y banners con mensajes alineados al discurso de Petro. Aunque no se trata de propaganda explícita, el tono, la selección de contenidos y la estética refuerzan una identidad política que trasciende la función administrativa.

Ejemplos notables incluyen:

• La app del Departamento Nacional de Planeación muestra mapas interactivos sobre inversión social, acompañados de frases como “redistribución territorial para la justicia”.
• La plataforma del Ministerio de las TIC vincula la alfabetización digital con la “democratización del conocimiento”, enmarcando la conectividad como herramienta de transformación.
• El Ministerio de Vivienda presenta cifras de subsidios bajo el lema “la vivienda digna como derecho”, con referencias al modelo de equidad del Gobierno.

Campaña anticipada desde el Estado

Más allá de la gestión pública, el gobierno ha activado una estrategia territorial que involucra sindicatos, movimientos sociales y bases comunitarias. La propuesta de una consulta popular, la fusión de partidos afines y la activación de redes locales refuerzan la hipótesis de una campaña anticipada. En este contexto, los ministerios no solo ejecutan políticas: se convierten en dispositivos simbólicos que proyectan continuidad.

Cada boletín, cada video, cada aplicación contribuye a consolidar una narrativa de poder que busca trascender el mandato actual. La institucionalidad se convierte en escenario de disputa simbólica, donde el Estado opera como partido.

Límites éticos y responsabilidad democrática

El uso de recursos públicos para reforzar una identidad política plantea dilemas éticos de alto calibre. ¿Es legítimo que los canales oficiales adopten una narrativa partidista? ¿Dónde termina la comunicación institucional y comienza la campaña? ¿Qué mecanismos existen para garantizar la neutralidad del Estado frente a los ciclos electorales?

En una democracia robusta, la transparencia no solo se mide en cifras, sino en la claridad de los límites entre gobierno y proyecto político. La arquitectura comunicacional de Petro exige vigilancia ciudadana, análisis crítico y responsabilidad institucional.