Criterio Público.

Investigación exclusiva – Criterio Público

En medio de un déficit fiscal reconocido por el propio presidente Gustavo Petro, el Gobierno colombiano ha intensificado el uso de recursos públicos para difundir mensajes oficiales a través de más de 170 entidades estatales. Esta estrategia, que incluye contratos millonarios con medios públicos como RTVC y publicaciones sincronizadas en redes institucionales, ha despertado preocupación entre juristas, analistas y ciudadanos que denuncian una campaña de propaganda encubierta.

Difusión masiva desde entidades técnicas

Según una denuncia radicada ante la Procuraduría General de la Nación por el ciudadano Hernán Cortés, entidades como el Servicio Geológico Colombiano y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) han publicado mensajes políticos en sus redes oficiales, replicando alocuciones presidenciales y defendiendo posturas del Ejecutivo. “El Gobierno ha utilizado estas cuentas para hacer propaganda oficial, tapar sus escándalos de corrupción y mover su agenda. Eso es sencillamente ilegal e inconstitucional”, afirmó Cortés.

Contratos millonarios con medios públicos

Un informe revelado por La Puya Radio y El Espectador indica que el Gobierno ha destinado más de 131.000 millones de pesos en contratos de publicidad desde agosto de 2022. Solo en 2024, el gasto superó los 63.000 millones, distribuidos entre RTVC, Canal Trece y Telecafé. El contrato más costoso fue suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras y RTVC por 20.700 millones de pesos, con el objetivo de “posicionar la imagen institucional” en medio de las críticas por la reforma agraria.

Activismo digital sincronizado

Durante las extensas alocuciones presidenciales —algunas de hasta tres horas— Criterio Público ha documentado cómo, antes de finalizar el discurso, decenas de cuentas institucionales y perfiles de activistas afines al Gobierno ya estaban publicando extractos, frases y gráficos alineados con la narrativa presidencial. Esta sincronización sugiere una estrategia coordinada de difusión que va más allá del ejercicio informativo.

¿Manipulación o comunicación legítima?

Expertos en derecho administrativo advierten que el uso de entidades técnicas para emitir juicios políticos vulnera el principio de neutralidad institucional. “Cuando una entidad como el Servicio Geológico publica frases como ‘desfalcaron al Estado y afectaron a los colombianos’, está cruzando la línea entre información y propaganda”, señala el constitucionalista Andrés Ríos.

El canal del Estado como plataforma política

RTVC, canal público financiado con recursos del Estado, ha sido uno de los principales vehículos de esta estrategia. Aunque su misión es garantizar pluralidad informativa, los contratos vigentes y la línea editorial actual reflejan una concentración de contenidos favorables al Gobierno. La falta de equilibrio informativo ha sido denunciada ante el Consejo Nacional Electoral, que aún no ha emitido una resolución al respecto.

Sobre esta nota
Esta investigación revela cómo el Gobierno colombiano, en medio de una crisis fiscal, ha intensificado el uso de entidades públicas para difundir mensajes políticos, comprometiendo la neutralidad institucional y el uso responsable de los recursos del Estado.