Criterio Público.

Por Miguel López – Investigación exclusiva para Criterio Público

La investigación penal contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, ha dejado de ser un asunto estrictamente judicial. En las últimas semanas, Criterio Público ha recopilado testimonios, documentos y declaraciones que apuntan a una preocupante interferencia desde la Casa de Nariño en el curso del proceso que lidera la fiscal Lucy Laborde. A esto se suma una serie de maniobras internas en la Fiscalía General de la Nación que, según fuentes consultadas, podrían estar saboteando el trabajo de la fiscal del caso.

Narrativa presidencial sin pruebas

El presidente Gustavo Petro ha acusado públicamente a la fiscal Laborde de entregar información reservada del proceso a la periodista Vicky Dávila, vinculándola con intereses políticos de la oposición. Sin embargo, Criterio Público revisó los registros judiciales y no encontró evidencia que respalde esa afirmación.

Tres fuentes cercanas al proceso, incluyendo un exfuncionario de la Fiscalía y dos asesores jurídicos que pidieron reserva de identidad, coinciden: “No hay pruebas de filtración. Lo que hay es una narrativa presidencial que busca desacreditar el proceso penal”. Una de las fuentes agregó: “El presidente está usando su investidura para blindar políticamente a su hijo. Es una estrategia de presión institucional”.

Fiscal Laborde bajo fuego interno

El 20 de septiembre, la fiscal Lucy Laborde envió una carta confidencial a la fiscal general Luz Adriana Camargo, denunciando presiones indebidas, reuniones intempestivas y la sorpresiva asignación de una fiscal de apoyo justo antes de una nueva imputación contra Nicolás Petro. Según documentos obtenidos por Criterio Público, Laborde consideró esta maniobra como un intento de “desplazarla del caso” y “diluir la línea investigativa”.

Aunque Camargo revocó la designación tras el escándalo mediático, fuentes internas afirman que “la fiscal general está saboteando el trabajo de Laborde de forma encubierta, debilitando su autonomía y favoreciendo una narrativa de victimización presidencial”.

Petro se declara víctima del proceso

En una jugada jurídica sin precedentes, el presidente solicitó ser reconocido como víctima en el proceso, alegando que el fiscal Mario Burgos lo interrogó sin competencia constitucional. El abogado Alejandro Carranza, quien representa tanto a Nicolás Petro como al presidente, sostiene que “la Fiscalía está siendo instrumentalizada para atacar la unidad nacional”.

Sin embargo, constitucionalistas consultados por este medio advierten que esta solicitud podría ser una estrategia para deslegitimar el proceso desde adentro. “No es común que un presidente se declare víctima en un caso que involucra a su hijo. Es una forma de blindaje institucional”, señala la jurista Laura Medina.

¿Defensa legítima o presión indebida?

Mientras Nicolás Petro guarda silencio público, su padre ha asumido un rol activo en la narrativa del caso, cuestionando a la Fiscalía, a los medios y al sistema judicial. La línea entre la defensa familiar y la interferencia institucional se vuelve cada vez más difusa.

Este episodio plantea una pregunta de fondo: ¿puede un presidente defender a su hijo sin comprometer la independencia de la justicia? En un país donde la separación de poderes es frágil y la polarización intensa, la respuesta no es jurídica, sino profundamente política.