Criterio Público.

La lectura del fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, lejos de disipar dudas, ha encendido nuevas alarmas sobre la imparcialidad judicial y el uso político de la justicia en Colombia. La jueza Sandra Liliana Heredia, encargada de este proceso, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos que merecen ser abordados con rigor y sin concesiones.

Irregularidades procesales que erosionan la confianza

• Validación de interceptaciones obtenidas “por error”: La jueza admitió como prueba conversaciones entre Uribe y su abogado, interceptadas por la Corte Suprema en 2018. Aunque reconoció que se trató de un error al rastrear la línea de otro congresista, consideró que no hubo mala fe y que los protocolos se activaron a tiempo . Esta decisión ha sido duramente criticada por penalistas, quienes advierten que se vulneró el principio de confidencialidad abogado-cliente.
• Admisión de grabaciones obtenidas con relojes espía: La jueza también avaló como prueba grabaciones realizadas por el testigo Juan Guillermo Monsalve desde prisión, sin orden judicial previa. Aunque se argumentó que fueron hechas por la “víctima”, expertos señalan que se trata de una práctica que pone en entredicho la cadena de custodia y la autenticidad del material.
• Hostilidad hacia la defensa: Durante el juicio, Heredia negó aplazamientos solicitados por el equipo jurídico de Uribe para revisar pruebas clave, lo que ha sido interpretado como una actitud parcial y poco garantista D. Incluso se presentó una queja disciplinaria ante la Comisión de Disciplina Judicial por presunto abuso de funciones y prejuzgamiento.

¿Justicia o persecución política?

El contexto no puede ignorarse. Este proceso se ha desarrollado en medio de una polarización extrema, con sectores del gobierno y de la oposición utilizando el caso como arma política. El presidente Gustavo Petro ha intervenido públicamente en varias ocasiones, denunciando presiones ideológicas sobre la jueza y defendiendo su independencia A F. Por otro lado, congresistas uribistas han denunciado una “judicialización de la política” y una “venganza institucional” contra quien combatió a las guerrillas con firmeza.

La jueza Heredia, en su discurso inicial, afirmó que “la justicia no se arrodilla ante el poder” y que “la toga no tiene género, pero sí carácter” I JV. Sin embargo, cuando el proceso está marcado por decisiones controvertidas, discursos ideológicos y una narrativa que parece más propia de un acto simbólico que de una sentencia jurídica, cabe preguntarse si estamos ante un fallo en derecho o ante una puesta en escena para satisfacer intereses políticos.

La justicia debe ser ciega, pero no muda. Y cuando sus decisiones se alejan del debido proceso, se convierten en instrumentos de poder más que en garantías de verdad. El caso Uribe no solo pone a prueba la solidez institucional de Colombia, sino también la capacidad de sus jueces para actuar con independencia, sin caer en el espectáculo ni en la revancha.