Criterio Público.

Colombia no necesita zonas de paz pactadas con dictadores. Necesita soberanía.

El reciente acuerdo firmado entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, bajo el nombre de “zona binacional de paz”, representa mucho más que una iniciativa de integración. Es, en palabras de la senadora María Fernanda Cabal, una claudicación institucional que entrega el control de los departamentos fronterizos a un régimen señalado por crímenes de lesa humanidad A B.

La propuesta incluye una franja territorial conjunta entre Norte de Santander, Cesar y La Guajira (Colombia), y Táchira y Zulia (Venezuela), con planes de cooperación en salud, educación, agricultura y seguridad. Pero detrás del discurso de desarrollo, se esconde una cesión encubierta de soberanía que abre la puerta al Cartel de los Soles y a redes criminales binacionales A B.

Este memorando no fue socializado con el Congreso ni sometido a control político. Tampoco se conocen los mecanismos de protección para las comunidades que habitan estas zonas, muchas de ellas ya afectadas por el narcotráfico, el desplazamiento forzado y la minería ilegal A C.

¿Quién garantiza que esta “zona binacional” no se convierta en un santuario para el crimen organizado? ¿Qué controles existen para evitar que actores armados ilegales operen con impunidad bajo el manto de la cooperación?

Mientras el Gobierno de Petro juega a ser aliado geopolítico del chavismo, la frontera arde, la institucionalidad se desvanece y la seguridad nacional queda en entredicho. Este pacto no es integración: es una rendición ideológica que pone en riesgo la soberanía colombiana.