Criterio publico.

En una democracia sólida, el conocimiento técnico y la preparación legislativa deberían ser requisitos mínimos para quienes redactan las leyes que rigen a millones de ciudadanos. Sin embargo, el caso de la senadora María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, ha encendido las alarmas sobre el avance de la ignocracia: el poder ejercido desde la ignorancia.

Errores básicos que no se pueden justificar

Durante el debate de la reforma laboral, Carrascal confundió ingresos con utilidades, afirmando que las empresas podrían asumir nuevos costos porque “les quedaría una utilidad del 25,7% después de pagar el 0,8% de sus ingresos o utilidades”. Esta afirmación fue calificada como “descabellada y falaz” por expertos, quienes señalaron que la rentabilidad promedio de las 1.000 empresas más grandes de Colombia es de apenas 6,16%, no 25%.

Además, en su exposición confundió contratos a término fijo con contratos por prestación de servicios, mostrando un desconocimiento profundo de las figuras laborales que ella misma pretendía reformar.

Críticas desde todos los sectores

La senadora María Fernanda Cabal fue contundente: “La ponente de la reforma laboral no tiene la más remota idea de lo que habla”. Otros congresistas y analistas han señalado que Carrascal “solo conoce de paros, de la primera línea y de violencia”, y que su activismo no se ha traducido en conocimiento legislativo real2.

Incluso medios como Vanguardia han publicado columnas tituladas “Reforma laboral: cuando se legisla desde la ignorancia”, donde se denuncia la falta de rigor técnico en el diseño de políticas públicas.

Populismo sin sustento

Carrascal ha promovido una consulta popular que podría costar más de 800 mil millones de pesos, defendiendo el gasto como una “reconquista de derechos”. Sin embargo, su insistencia en este mecanismo ha sido vista como una estrategia populista que ignora alternativas legislativas más eficientes y menos costosas4.

¿Por qué esto es grave?

Cuando una senadora que lidera reformas clave demuestra desconocimiento técnico, las consecuencias son profundas:

  • Se redactan leyes mal estructuradas que afectan el empleo y la economía.
  • Se pierde credibilidad ante gremios, inversionistas y organismos internacionales.
  • Se debilita la calidad del debate público, reemplazando argumentos por consignas.

La ignorancia no debería tener cabida en el Congreso. María Fernanda Carrascal representa un caso preocupante de cómo el activismo sin preparación puede convertirse en una amenaza para la institucionalidad. Colombia necesita legisladores que estudien, escuchen y comprendan antes de legislar. Porque cuando la ignorancia se convierte en poder, la democracia se vuelve un experimento peligroso.

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