Desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, la relación entre el Ejecutivo y la Fiscalía General de la Nación ha estado marcada por tensiones, señalamientos y una creciente preocupación por la independencia institucional. Lo que comenzó como diferencias políticas ha escalado hacia lo que muchos analistas consideran una presión directa del gobierno sobre el aparato judicial, con implicaciones graves para la seguridad jurídica y la estabilidad democrática del país.
Manipulación institucional: ¿Fiscalía al servicio del poder?
En múltiples ocasiones, Petro ha hecho declaraciones públicas que sugieren cómo debería actuar la Fiscalía, especialmente en casos sensibles como los procesos penales en Antioquia. En julio de 2025, el presidente afirmó que la fiscal general “debería reestructurar la Fiscalía en Antioquia”, insinuando que los procesos judiciales allí estaban siendo manipulados por actores políticos locales. Este tipo de afirmaciones no solo vulneran la autonomía de la Fiscalía, sino que también socavan la confianza ciudadana en la justicia.
Los “Petrovideos” y el plan criminal contra la democracia
En mayo de 2024, Petro declaró ante la Fiscalía que la filtración de los llamados “Petrovideos” —grabaciones de reuniones privadas de su campaña presidencial— fue parte de un “plan criminal contra la democracia”. Aunque el presidente se presentó como víctima, sus declaraciones también incluyeron señalamientos contra instituciones que, según él, no investigaron adecuadamente las amenazas contra su campaña. Esta narrativa ha sido interpretada por algunos sectores como una estrategia para deslegitimar investigaciones legítimas y desviar la atención de los contenidos comprometedores de los videos.
Seguridad presidencial vs. seguridad institucional
El gobierno ha reportado más de 34 amenazas contra el presidente Petro desde 2022, algunas de ellas investigadas por la Fiscalía5. Si bien la protección del mandatario es una prioridad, el uso político de estas amenazas —como justificar cambios en rutas aéreas o reforzar el discurso de persecución— ha generado dudas sobre si se están utilizando como herramientas de presión institucional.
¿Qué está en juego?
La democracia colombiana se basa en la separación de poderes. Cuando el Ejecutivo presiona públicamente a la Fiscalía, cuestiona sus decisiones o sugiere reestructuraciones internas, se rompe el delicado equilibrio que garantiza el Estado de derecho. Esta situación no solo pone en riesgo la independencia judicial, sino que también abre la puerta a la persecución política, la censura y el debilitamiento de las garantías ciudadanas.
La democracia no se defiende con discursos desde el balcón ni con amenazas veladas a las instituciones. Se defiende con respeto a la ley, a la justicia y a la autonomía de quienes deben ejercerla sin miedo ni favoritismos. Si la Fiscalía se convierte en un brazo del poder presidencial, Colombia corre el riesgo de perder su democracia por decreto
Criterio Público. 
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