Criterio Público.

Criterio público | opinión pública

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El caso, que comenzó con una confesión explosiva en 2023, ha evolucionado hacia una estrategia de defensa que plantea serias dudas sobre la independencia judicial y el alcance del poder presidencial.

En su confesión inicial, Nicolás admitió haber recibido dinero de origen ilícito, supuestamente destinado a la campaña presidencial de su padre. Entre los aportantes señalados están Samuel Santander Lopesierra (“El Hombre Marlboro”) y Gabriel Hilsaca, ambos con antecedentes judiciales. La Fiscalía obtuvo como prueba clave una copia espejo del celular de su exesposa, Daysuris Vásquez, donde se registraban conversaciones y movimientos financieros comprometedores A B.

Sin embargo, tras una visita privada de Gustavo Petro a su hijo en Barranquilla, Nicolás cambió radicalmente su postura. En enero de 2025, se declaró inocente y denunció presiones indebidas por parte del exfiscal Mario Burgos, a quien acusó de “tortura psicológica” para convertirlo en un arma contra su padre C. Esta retractación coincidió con maniobras legales que incluyeron el retiro de solicitudes judiciales y el cambio de abogado defensor, lo que sugiere una estrategia coordinada para evitar una condena que pudiera salpicar al presidente D.

La Fiscalía, por su parte, ha enfrentado obstáculos en el proceso. Más de 100 pruebas fueron depuradas tras denuncias de ilegibilidad y omisiones por parte de la defensa A. El Tribunal Superior de Bogotá rechazó una solicitud para acceder a más pruebas, lo que impidió a la defensa ampliar su estrategia argumentativa E. A pesar de ello, Nicolás Petro goza hoy de libertad condicional y reside en una propiedad oficial bajo protección del Cespo, cerca de la fiscal general Luz Adriana Camargo F.

Además, se han documentado reuniones entre abogados de Nicolás y la Fiscalía para negociar una condena mínima, sin delatar a otros implicados y buscando cambiar el delito de lavado de activos por enriquecimiento ilícito como particular C. Esta negociación, según fuentes judiciales, habría sido impulsada por juristas cercanos a la Casa de Nariño.

El presidente Gustavo Petro ha mantenido una postura pública de distancia frente al caso, calificándolo como “truculento” y atribuyéndolo a una traición familiar que se convirtió en un ataque político G. Sin embargo, su visita a Nicolás y el posterior cambio de estrategia judicial alimentan la percepción de una posible interferencia.

El caso Nicolás Petro no solo pone en tela de juicio la transparencia del sistema judicial colombiano, sino que también plantea interrogantes sobre el poder presidencial y su capacidad para influir en procesos penales que involucran a su círculo íntimo. ¿Estamos ante una defensa legítima o una operación de blindaje institucional? La respuesta podría marcar un precedente histórico en la relación entre justicia y poder en Colombia.