Criterio público | análisis político.
La democracia colombiana atraviesa una de sus etapas más frágiles. Bajo el gobierno de Gustavo Petro, se han intensificado las denuncias sobre presunta compra de votos, uso electoral de subsidios y manipulación institucional. Lo que debería ser un proceso transparente se ha convertido en un terreno minado por el asistencialismo político y la desconfianza ciudadana.
Subsidios como moneda electoral
Durante los últimos meses, el expresidente Álvaro Uribe y otros líderes de oposición han advertido que el gobierno Petro estaría utilizando subsidios estatales como herramienta electoral para las elecciones de 2026 A. Se señala que el Ejecutivo estaría desembolsando ayudas en zonas estratégicas, no como política social estructural, sino como mecanismo para asegurar votos.
Este tipo de prácticas, aunque difíciles de probar judicialmente, generan un patrón preocupante: el Estado como aparato de cooptación electoral, donde el bienestar ciudadano se condiciona al favor político.
La paradoja de la desconfianza
En un giro insólito, el propio presidente Petro ha declarado públicamente que “desconfía de la transparencia de las elecciones de 2026” A B. Esta afirmación, lejos de fortalecer la institucionalidad, socava la credibilidad del sistema electoral que lo llevó al poder. ¿Cómo puede un mandatario que fue elegido por voto popular ahora sembrar dudas sobre el mismo proceso?
La desconfianza presidencial se centra en la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la logística electoral. Petro ha cuestionado sus vínculos con gobiernos anteriores y su rol en procesos pasados, pero no ha presentado pruebas concretas de fraude, lo que convierte su discurso en una estrategia política más que en una denuncia institucional.
El caso UNGRD: sobornos legislativos
A esto se suma el escándalo revelado por el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, quien confesó que el gobierno Petro habría pagado sobornos a congresistas para aprobar sus reformas C. Según Pinilla, se utilizaron recursos públicos —como el contrato de los carrotanques en La Guajira— para entregar hasta 4.000 millones de pesos en efectivo a líderes del Congreso.
Este caso, aún en investigación, refuerza la percepción de que el gobierno ha instrumentalizado el Estado para fines políticos, debilitando la separación de poderes y la ética pública.
Erosión institucional y polarización
La suma de estos elementos —subsidios condicionados, desconfianza presidencial, sobornos legislativos— ha generado un clima de polarización y erosión institucional. La ciudadanía se enfrenta a un escenario donde el voto ya no representa una decisión libre, sino una transacción encubierta.
Además, el discurso oficial que mezcla victimismo con acusaciones sin sustento desactiva el debate democrático y promueve una narrativa
de confrontación permanente.
Conclusión
El gobierno de Gustavo Petro ha convertido el voto en una herramienta de poder, no de participación. La presunta compra de votos, el uso clientelar de subsidios y la desconfianza sembrada desde la propia Presidencia configuran un escenario de alto riesgo democrático. En este contexto, Criterio Público reafirma su compromiso con la verdad, la transparencia y la defensa del voto libre como pilar.
Criterio Público. 
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