Criterio Público.

Criterio Público | Análisis político.

En el escenario político colombiano, el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe ha dejado de ser una simple disputa jurídica para convertirse en un símbolo de tensión electoral. Para sectores afines al uribismo, este juicio representa una táctica deliberada de la izquierda —encabezada por figuras como Gustavo Petro e Iván Cepeda— con el objetivo de debilitar o incluso excluir al líder conservador del tablero político antes de las elecciones de 2026.

El caso, centrado en una presunta manipulación de testigos, ha sido cuestionado por juristas, columnistas y líderes del Centro Democrático. Según sus argumentos, la Fiscalía retomó el proceso con un enfoque que responde más a intereses políticos que a fundamentos jurídicos sólidos. En la práctica, afirman, se busca impedir que Uribe asuma algún rol electoral, como la vicepresidencia o una candidatura al Senado.

Activación judicial en tiempos clave

La intensificación del juicio coincide con movimientos preelectorales que colocaban nuevamente a Uribe como figura relevante. Este “timing” no ha pasado desapercibido para sus defensores, quienes lo interpretan como una estrategia para anticiparse a un eventual resurgimiento electoral del exmandatario.

Más de 60 testigos han negado tener vínculos con Uribe o haber recibido presiones, lo que ha puesto en duda la solidez de las pruebas. Por otra parte, la grabación clave del testigo Juan Guillermo Monsalve ha sido señalada por la defensa como editada y manipulada, generando incertidumbre sobre su validez probatoria.

Narrativa política y desprestigio

Desde sectores afines al gobierno, se ha promovido una narrativa que vincula a Uribe con prácticas criminales, el paramilitarismo y el abuso del poder, con el fin de erosionar su imagen pública. La llegada del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, considerado “gestor de paz”, ha sido vista como otro elemento que podría fortalecer este relato en un momento donde el juicio busca consolidarse.

Estas acciones, señalan sus defensores, configuran una campaña de desprestigio cuya meta no es la verdad judicial, sino la eliminación de un competidor político formidable. En otras palabras, la izquierda estaría utilizando mecanismos judiciales para ejecutar una sanción política previa al veredicto de las urnas.

Implicaciones electorales

Inhabilitar a Uribe jurídicamente implicaría desestructurar la oposición, dispersar liderazgos y abrir camino a una reelección indirecta del modelo progresista. En cambio, si el exmandatario es absuelto, su figura podría volver con fuerza renovada y convertirse en el eje aglutinador de una coalición alternativa.

Este proceso, por tanto, debe ser leído no solo como una disputa legal, sino como una confrontación estructural entre dos modelos de país. En el fondo, lo que se juega es el equilibrio de poderes, el papel de la justicia y la legitimidad de los mecanismos democráticos como vía para dirimir los grandes conflictos nacionales.